Un plan económico excluyente

La magnitud de la crisis que se avecina apenas se ha dejado entrever. Se pueden intuir los bordes de una situación que ya ha empezado a dejar huella en un tejido de pequeñas y medianas empresas, autónomos y trabajadores afectados por cierres empresariales. Pero el alcance final de la crisis es indefinido.

A la emergencia de salud, se suma la incertidumbre sobre su futuro que asalta a millones de personas. Por ello, los gobiernos se han apresurado a adoptar medidas de contención que faciliten la continuidad de la actividad empresarial. En España, el Gobierno ha anunciado un plan de 200.000 millones de euros -117.000 de ellos procedentes de las arcas públicas- para asegurar la liquidez y la actividad. También el Banco Central Europeo ha dado luz verde a un programa de compra de bonos públicos y privados por un volumen de 750.000 millones de euros para contrarrestar los "serios riesgos" que supone la crisis del coronavirus para su política monetaria y el futuro mismo de la Unión.

Los mecanismos se han empezado a activar y todo apunta a que el criterio dominante no será el de la contención presupuestaria y del déficit que, de forma ortodoxa, se ha impuesto los últimos años desde Bruselas. Sólo manteniendo el flujo de liquidez se puede garantizar la solvencia empresarial y lo que de ella deriva: creación de puestos de trabajo y aumento del tejido económico.

Esta solvencia, sin embargo, debe alcanzar a todos. No parece acertado excluir de las medidas de ayuda a medianas y grandes empresas que representan un altísimo impacto en la economía, tal como prevé inicialmente el plan económico de Pedro Sánchez; un plan que deja fuera a las empresas que facturan más de seis millones de euros o a las que tienen más de 250 empleados.

En Baleares, estas medianas y grandes empresas representan menos del 1 por ciento del tejido empresarial. Sin embargo concentran el 41 por ciento del empleo y generan negocio para centenares de pequeños empleadores o autónomos de sectores subsidiarios -construcción, equipamientos, reformas...- que sí tendrán ayudas pero podrían no tener trabajo. De no rectificar, el plan podría quedar en una buena iniciativa que, sin embargo, no logre al cien por cien que la economía se reactive como el país necesita.