La llegada de varios diputados de Convergència i Unió al Parlament de Cataluña en helicóptero, porque un grupo de ciudadanos indignados impide el acceso al Parlament es un precedente tremendamente grave para la democracia española. Ya vimos cómo éramos incapaces de cumplir las decisiones judiciales de la Junta Electoral Central que dictaminó que el día de reflexión no se podían consentir los campamentos de indignados en las plazas españolas. Después vimos cómo el alcalde de Madrid era increpado en su casa por haber tomado decisiones que entran estrictamente en el ámbito de sus competencias. Y ahora nos toca ver cómo los diputados tienen que llegar volando para conservar su integridad física y poder cumplir con su función. La situación tiene tendencia a extenderse a otros lugares y entonces nos podemos encontrar con que grupos de personas, con las que podríamos compartir la razón de su enfado pero poco más, asumen el derecho a decidir dónde y cuándo puede haber reuniones parlamentarias. ¿Quién elige a esas personas? ¿Cómo se atribuyen la representación del pueblo? Esto abre una dinámica extraordinariamente peligrosa, ante la cual es muy difícil aventurar soluciones democráticas. Que tengan algo de razón no les legitima para hacer lo que les parezca.
