España afronta, desde hace tiempo, un problema económico del que no se habla: la proliferación de desincentivos fiscales al ahorro. Mientras el debate público-mediático gira en torno a la financiación de las comunidades autónomas, los subsidios de subsistencia o el salario mínimo, millones de ciudadanos llegan a la vida adulta sin patrimonio alguno. No carecen necesariamente de ingresos, pero sí de capital. Y en una economía moderna, esa diferencia resulta determinante.
El estado de bienestar, característico de nuestro sistema económico y fiscal, tiende a penalizar el ahorro a medio y largo plazo. La estructura tributaria, la inflación a la que se recurre para financiar gastos públicos erosionan los rendimientos del capital, y, sí además la inseguridad regulatoria desincentiva la planificación financiera prolongada. El resultado es la generación de incentivos al consumo inmediato, escasa acumulación patrimonial y una creciente dependencia futura del Estado.
En este contexto resulta especialmente interesante la iniciativa impulsada en Estados Unidos por el presidente Donald Trump, consistente en la creación de cuentas de capital abiertas al nacimiento de cada ciudadano. El planteamiento es sencillamente una aportación pública inicial —de 1.000 dólares— que se invierte desde el nacimiento, y permanece capitalizándose hasta la mayoría de edad. Una vez cumplidos los 18 años, el joven recibe el capital acumulado, destinado exclusivamente a fines productivos como educación, emprendimiento o acceso a la vivienda.
No se trata de un subsidio ni de una transferencia al consumo inmediato. Su lógica es exactamente la contraria. El objetivo no es gastar hoy, sino permitir que el tiempo, y la magia del interés compuesto, trabajen a favor del ciudadano. Una cantidad relativamente modesta puede multiplicarse significativamente tras casi dos décadas de inversión continuada, demostrando que el principal activo económico no siempre es el dinero inicial, sino el tiempo disponible para hacerlo crecer. Un recurso claramente típico de la juventud.
Este enfoque puede introducir un cambio cultural profundo del que estamos necesitados. Pues pensemos que hemos construido gran parte de nuestro Estado del bienestar sobre transferencias corrientes para consumo inmediato que muy rara vez modifican la posición económica futura del beneficiario. Una cuenta de capital infantil actuaría antes de que aparezca la desigualdad patrimonial. No redistribuye ingresos cada año, más bien ofrece oportunidades desde el inicio.
A pesar de la retórica socialista oficial, se está configurando un modelo de sociedad carente de escaleras sociales. De tal manera que los proyectos vitales dependen, en gran medida, del patrimonio familiar previo. Emprender, cursar determinados estudios o afrontar la entrada a una vivienda exige, con frecuencia, apoyo económico familiar. Quien nace sin ese respaldo comienza la vida adulta varios pasos por detrás. Es por ello que dotar a cada joven de un pequeño capital inicial equivale, en términos económicos y culturales, a democratizar el punto de partida sin intervenir continuamente en el resultado.
Efectivamente, quizá el efecto más relevante sería el indirecto. Una política pública orientada explícitamente al ahorro envía una señal cultural poderosa. Abstenerse de consumir ahora, para realizar una pequeña acumulación responsable equivale a apostar por un futuro a medio y largo plazo. Es decir, por los más jóvenes.
Con una iniciativa de este tipo, posiblemente muchas familias tenderían a complementar voluntariamente esas cuentas mediante aportaciones adicionales, generando un círculo virtuoso de educación financiera y planificación a largo plazo.
Si la economía española está necesitada de algún tipo de actuación, este cambio de incentivos y mentalidad tal vez sea la cuestión más relevante. Durante demasiados años se ha favorecido el endeudamiento frente al ahorro, el corto plazo frente a la inversión sostenida y el consumo inmediato frente a la capitalización. El crecimiento de las pensiones sin ahorro…
Así, el apagón del pasado abril 2025, el terrible accidente ferroviario de enero de este año, la falta de infraestructuras hidráulicas en Valencia, el elevado precio de las viviendas, la saturación urbana, el abultado y creciente agujero en el sistema de pensiones, etc, tienen su origen en unas políticas orientadas al corto plazo. Un tipo de política que, desgraciadamente, es bien recibida por una parte significativa de la población.
Sin duda, el coste fiscal de una medida así sería relativamente contenido si se compara con otras políticas públicas. Por supuesto, el diseño institucional concreto es crucial. La gestión debe ser transparente, profesionalizada y políticamente neutral. Si se hace así, se añade una ventaja macroeconómica importante, como es el fortalecimiento de los mercados de capital internos que favorecen la inversión productiva. En lugar de sostener el crecimiento mediante deuda o estímulos temporales, se construye una base financiera doméstica más sólida y resiliente.
Apostar por este tipo de cuentas es apostar por una juventud que hasta ahora no ha estado demasiado bien tratada. Brindarles el mensaje y la oportunidad de empezar la vida adulta con algo de patrimonio propio significa ofrecer igualdad de oportunidades reales y responsabilidad sobre su futuro, en lugar de depender solo de políticas de consumo inmediato o ayudas puntuales
