Este lunes, coincidiendo con la declaración ante el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, del principal acusado del ‘caso Cursach’, el empresario Bartolomé Cursach, ahora en prisión preventiva, tuvo lugar una manifestación de unas 400 personas, ante la sede de los juzgados de instrucción de Palma, que finalizó sin el menor incidente ante el Palau de Can Berga, sede del Tribunal Superior de Justicia de Balears. Convocados por uno de los abogados de Cursach, Vicente Campaner, los manifestantes piden que el juez Penalva y el fiscal Subirán sean apartados del caso, ante las pruebas que han ido apareciendo de haber, presuntamente, manipulado a testigos para que declarasen en contra de algunos de los investigados, muchos de los cuales son policías locales que han estado en prisión preventiva.
La manifestación provocó una catarata de reacciones de los jueces, el fiscal superior, asociaciones profesionales de jueces y fiscales e incluso del Colegio de Abogados. Los jueces y fiscales rechazaron toda actuación que suponga socavar la independencia judicial, refiriéndose a la citada manifestación. Pero nadie hizo ni la menor referencia a las acusaciones de la testigo protegida 31 de haber sido manipulada por el juez y el fiscal; ni a la querella y las sucesivas ampliaciones que contra ellos presentó Campaner ante el TSJB.
No se alcanza a comprender cómo podría una manifestación legal y desarrollada sin ningún incidente, que no supone otra cosa que el libre ejercicio de un derecho fundamental por parte de un grupo de ciudadanos, afectar a la independencia judicial. Se diría que todos aquellos que tan duramente han criticado la iniciativa del letrado Campaner, temen más una inofensiva manifestación que las acusaciones de manipulación de testigos que se han formulado en forma de querella criminal ante el TSJB. Porque este es el núcleo del asunto que hay que aclarar. Es muy normal que en una causa donde los investigados son legión y las dudas sobre el proceder del juez instructor y del fiscal del caso son tan persistentes, acabe despertando cierta indignación la inacción del TSJB y de los órganos competentes para aclarar las denuncias en cuanto manipulación de testigos y del conjunto de la investigación.
La ciudadanía asiste estupefacta a unas revelaciones que, de ser ciertas, no son menos graves que los supuestos delitos que se atribuyen a muchos de los acusados. La mera sospecha de que los máximos responsables de una investigación criminal, garantes de la legalidad y de los derechos de víctimas y acusados, estén en connivencia con testigos para que declaren falsamente, es tremendamente decepcionante para la ciudadanía. Son estas sospechas las que ponen en entredicho a la Justicia y no una manifestación que pide que los hechos se aclaren y que el TSJB haga lo que procede: admitir a trámite la querella y practicar las diligencias pertinentes para ver si los testimonios de cargo depuestos por algunos testigos, son correctos o no lo son. Y eso debe hacerse con urgencia, porque hay gente privada de libertad mientras se leen en los medios de comunicación conversaciones de whatsapp que dejan la independencia judicial a la altura del betún.
