Una planta de hormigón en una zona ANEI no es un videoclub

La instalación de una planta de hormigón pirata en la cantera de Son Bugadelles (Calvià), situada en una Área Natural de Especial Interés (ANEI), es un acto flagrante de irresponsabilidad y desprecio por la legalidad y el medioambiente. Esta operación, que ha comenzado a funcionar a pleno rendimiento sin los permisos necesarios, sin una evaluación de impacto ambiental y sin la exposición pública del proyecto, es un insulto a la normativa y también a las empresas que optan por seguir los trámites legales y cumplir con la Ley, sin atajos ni trampas.

La protección de las ANEI es crucial para preservar la biodiversidad y los paisajes naturales de las Islas Baleares. La Ley 1/1991 establece claramente las regulaciones para evitar la degradación de estos espacios únicos. Sin embargo, la planta de hormigón en Son Bugadelles ha burlado estas normativas con total impunidad, operando "por la puerta de atrás" y poniendo en peligro un área protegida sin el más mínimo escrúpulo.

La huella hídrica de una planta de estas características es gigantesca, pues el consumo de agua se destina mayormente a la fabricación del hormigón, pero también a las tareas de limpieza rutinarias de los vehículos. Para hacernos una idea, por cada 20 metros cúbicos de hormigón producido, se consumen 3.300 litros de agua. ¿De dónde los saca Formiroc? ¿Qué capacidad de producción tiene la planta? Son preguntas que urge responder, puesto que la ausencia de una evaluación de impacto ambiental y la falta de transparencia al no exponer el proyecto públicamente, representan una grave falta de respeto hacia la ciudadanía y el entorno natural. Estas evaluaciones son esenciales para identificar y mitigar los efectos negativos de una actividad sobre el medioambiente que implica un enorme consumo de agua, garantizando que el desarrollo económico no se realice a costa de la salud de nuestros ecosistemas.

La complicidad o ineficacia de la Administración competente es igualmente alarmante. ¿Cómo es posible que una instalación de tal envergadura pueda establecerse sin que las autoridades lo detecten, pese a las sucesivas inspecciones? ¿Es que no quieren ver la magnitud de la infracción o prefieren mirar hacia otro lado? Esta permisividad, deliberada o por negligencia, es descorazonadora y fomenta una cultura de impunidad que beneficia a los infractores a expensas del medioambiente y del bien común. Estamos hablando de una planta de hormigón, no de un videoclub.

Es urgente que las autoridades adopten las medidas inmediatas para cerrar esta planta ilegal y sancionar a los responsables. Hay que exigir un cumplimiento riguroso de las leyes ambientales y una mayor vigilancia para prevenir futuros abusos. La ciudadanía no puede aceptar que un negocio particular siga pisoteando las leyes y degradando áreas protegidas. La protección del medio ambiente no es negociable y debe ser una prioridad para todos.