La formación sostiene que las actuales políticas de movilidad vulneran el derecho constitucional a la libre circulación y convierten los desplazamientos interinsulares en un proceso “arbitrario y punitivo” para los residentes .
En una nota de prensa remitida desde el Parlament, Vox critica el sistema de cuotas de entrada de vehículos y las limitaciones medioambientales ya vigentes en islas como Formentera, así como la intención de extender este modelo al resto del archipiélago. Según el partido, el desarrollo de estas normativas ha generado situaciones de “indefensión jurídica”, especialmente en casos relacionados con errores en plataformas digitales de autorización o con la titularidad de los vehículos .
La formación asegura que estas incidencias han derivado en sanciones de hasta 1.000 euros y denuncia incluso embargos salariales por multas notificadas con hasta tres años de retraso, lo que califica de “persecución administrativa” .
La portavoz parlamentaria de Vox en Baleares, Manuela Cañadas, ha sido especialmente crítica con el sistema actual. “Los residentes de Baleares nos hemos convertido en extranjeros en nuestra propia tierra. Es inaudito que mientras nuestras fronteras nacionales son un coladero, un ciudadano de Baleares no pueda ir a Formentera a ver a su familia con su coche porque el cupo está lleno o porque su vehículo no es eléctrico”, afirma en el comunicado .
Más allá de la gestión del tráfico, Vox enmarca estas medidas en una estrategia ideológica vinculada a la Agenda 2030. Según Cañadas, no se trata de criterios técnicos sino de la implantación de un modelo de “control absoluto sobre el movimiento del ciudadano” bajo conceptos como sostenibilidad o las denominadas “ciudades de 15 minutos” .
El partido se presenta como “la única formación” que reclama el fin inmediato de lo que denomina “fronteras artificiales” entre islas y defiende que el derecho a la movilidad no puede depender ni de la adquisición de un vehículo eléctrico ni de la disponibilidad de un cupo administrativo .
