Y dos huevos duros

Es muy de columnista de provincias —yo mismo, sin ir más lejos— ponerse ñoño con las cositas que vienen de Madrid. Que si nos niegan esto, que si nos quitan lo otro, que si el maltrato, que si no nos escuchan… Es el mantra de cada legislatura. Da igual el partido que gobierne en España o en Baleares. Es cierto que la cantinela se entona con especial aflicción por el periodismo nacionalista —o el regionalista, si es que eso aún existe— pero al final todos podemos reconocer en nuestras opiniones esa triste musiquilla de fondo.

En general, la cosa viene referida a los dineros. Es el expolio fiscal, el «Madrid nos roba», el déficit de financiación y un reparto injusto de las inversiones estatales por comunidades en función de las afinidades políticas, o de la capacidad de presión que se pueda ejercer en el Congreso de los Diputados sobre un gobierno en absoluta minoría.

Sin embargo, se habla menos de otras decisiones madrileñas que condicionan la  acción de los gobiernos autonómicos—que a día de hoy son casi todos del PP— y, por tanto, la vida de millones de ciudadanos. La mayoría de los partidos políticos en España responden a un modelo de organización descentralizado. En estos momentos, las sucursales autonómicas del PSOE tienen limitada su capacidad de discurso porque su jefe ocupa la Presidencia del Gobierno. Lo mismo le sucedía al PP cuando gobernaban Aznar o Rajoy. Pero Vox es otro mundo.

A partir de este párrafo, recomiendo a los espíritus sensibles de izquierdas que abandonen la lectura de esta columna, o se tomen un tranquimazin. Aquí viene la bomba: en Vox hay gente normal. Soy consciente de que estas cinco palabras a más de uno le pueden provocar un colapso mental, pero su veracidad es demostrable. Porque si uno se desprende del sectarismo tóxico, tampoco hay problema en afirmar que en la extrema izquierda hay gente normal. Puede que equivocada, como en Vox, pero normal.

Conozco a políticos de Vox en Baleares a los que no votaría. El motivo es que no comparto sus propuestas, o comparto muy pocas de ellas. Pero eso no me resulta un obstáculo para reconocer su mérito a la hora de abordar problemas que, hasta ahora, no es que la izquierda no hubiera solucionado, sino que había vetado su discusión. La inmigración, por ejemplo, o un fundamentalismo ambiental que está convirtiendo a Europa en un actor prescindible, una monja que sólo es capaz de dar pellizcos bajo el tablero económico mundial.

Algunas de esas personas de Vox, pocas, tienen responsabilidades de gobierno, y comprueban cada día en sus propias carnes políticas que no es lo mismo predicar que dar trigo. Que pactar significa ceder asumiendo tu posición negociadora y que tus propuestas dejan de ser viables en una democracia cuando chocan contra la Ley, a menos que, previamente, modifiques esa Ley.

Más allá de las mangarrufas económicas en la cúpula nacional de Vox, que cada vez recuerdan más a las de Monedero y los Ceausescu de Galapagar, la entrevista de ayer en el diario El Mundo a Javier Ortega Smith confirma un modo de funcionamiento antidemocrático en el partido que preside Santiago Abascal, con unas dosis de autoritarismo que igualan a las de Podemos y superan con creces a las del resto de partidos políticos. Esta dinámica, más allá de cómo acabe en los tribunales, de las purgas internas y del terror a discrepar que se instala entre los cuadros medios —el que se mueva no es que no salga en la foto, es que se va directamente a la calle— tiene consecuencias directas para los contribuyentes.

Los representantes locales de Vox pueden esforzarse en una negociación para tratar de condicionar, desde el realismo, las decisiones de un partido, el PP, que en la mayoría de casos les dobla en número de votos. Una vez alcanzados esos acuerdos, los de Vox tienen la obligación de enviar esos pactos a la sede nacional de su partido. Y allí, dependiendo de quién esté de guardia ese día  —uno obsesionado con los moros, otra empecinada con el catalán…— les rechazan el acuerdo si no incluyen otras peticiones que quedan fuera de la realidad local o, peor aún, de la legalidad.

Esto mismo ha sucedido hace unos días en el Consell de Mallorca, cuando Jorge Buxadé, un preboste de Vox en Madrid, filo falangista y ultra católico, exigió que la ayudas económicas por la crisis de la guerra en Irán solo fueran accesibles para ciudadanos españoles. Ni siquiera franceses, polacos o de cualquier otro país de la Unión Europea. Sólo españoles, como el jamón ibérico. Y claro, alguien que había cursado el primer trimestre de la carrera de Derecho se rascó el cogote: ¿seguro que la Ley permite eso?

Además del mantra sobre el agravio mesetario a nuestras islas, hay otra cantinela cuya veracidad es incuestionable: los extremos se tocan. No hay más que ver como Vox se ha convertido en un partido marxista, del marxismo de Groucho. Y dos huevos duros.