Hay actitudes que, por repetidas, dejan de sorprender, pero no por ello resultan menos graves. La reacción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, relacionado con el rescate de Plus Ultra, constituye uno de esos episodios que deberían preocupar profundamente a cualquier demócrata, con independencia de su ideología.
No se trata de una denuncia política formulada por un partido adversario ni de una simple campaña de desgaste mediático. Hablamos de una investigación impulsada por la Justicia tras meses de pesquisas policiales y judiciales, en la que la propia Fiscalía Anticorrupción aprecia indicios suficientes para sostener acusaciones de enorme relevancia. Son hechos que, por sí mismos, merecerían prudencia, respeto institucional y una escrupulosa deferencia hacia el trabajo de jueces, fiscales e investigadores.
Sin embargo, Sánchez ha optado por el camino contrario. Lejos de guardar la distancia que exige la responsabilidad de su cargo, ha salido en defensa cerrada de Zapatero, minimizando unas acusaciones que, de afectar a un exdirigente de otro partido, probablemente provocarían discursos muy distintos desde La Moncloa. ¿Estaría diciendo lo mismo si el investigado fuera un expresidente del Partido Popular? La respuesta parece evidente.
El problema no es únicamente el apoyo personal a un compañero de partido. Lo verdaderamente preocupante es el mensaje político que transmite. Mientras los ciudadanos contemplan con creciente desconfianza los escándalos que afectan a la vida pública, el presidente del Gobierno parece sugerir que las investigaciones son poco menos que una molestia cuando afectan a los suyos. Esa actitud erosiona la credibilidad de las instituciones y alimenta la sensación de que existen distintas varas de medir según el color político del investigado.
La condescendencia mostrada hacia el exsecretario general del PSOE y sus hijas, que acaban de ser imputadas, agrava la situación. En lugar de reivindicar tolerancia cero frente a cualquier sospecha de corrupción, Sánchez ha preferido cerrar filas y desacreditar implícitamente una investigación respaldada por quienes tienen la obligación constitucional de perseguir el delito.
La lucha contra la corrupción exige coherencia. Y la coherencia empieza por aplicar los mismos criterios a los adversarios y a los propios.
