La aprobación por el Consell de Govern del proyecto de la ley de ordenación, protección y gestión integral del litoral de Baleares supone el cumplimiento de uno de los compromisos electorales más significativos del Govern de Marga Prohens y la culminación de un trabajo que cobra especial sentido desde que la comunidad autónoma asumió las competencias en materia de costas en 2023.
Resultaba difícil justificar que un archipiélago con cerca de 1.500 kilómetros de litoral continuara dependiendo exclusivamente de una normativa estatal diseñada para una realidad muy distinta. La singularidad insular exigía una respuesta propia y, por fin, esa respuesta ha comenzado a tomar forma.
La futura norma incorpora avances importantes. La protección de los tradicionales escars y casetes de vorera responde a una reivindicación histórica y preserva un patrimonio etnográfico que forma parte de la identidad de las Islas. También resulta positivo que se refuerce el papel de ayuntamientos y consells en la gestión del litoral, acercando la toma de decisiones a quienes mejor conocen la realidad de cada municipio. La limitación de la velocidad de determinadas embarcaciones cerca de la costa y la simplificación de numerosos procedimientos administrativos completan un texto que busca combinar conservación ambiental, seguridad jurídica y desarrollo económico.
Baleares necesita disponer cuanto antes de un marco jurídico propio para gestionar su principal patrimonio natural
Pero el camino todavía no ha terminado. El Govern ha cumplido su parte al aprobar el proyecto de ley, aunque ahora comienza una fase igualmente decisiva: la tramitación parlamentaria. Será necesario que las fuerzas políticas actúen con responsabilidad para evitar que una norma largamente esperada quede atrapada en cálculos partidistas o en dilaciones innecesarias. Baleares necesita disponer cuanto antes de un marco jurídico propio para gestionar su principal patrimonio natural.
Sería una excelente noticia que la primera Ley balear de Costas pudiera quedar definitivamente aprobada antes de que concluya la presente legislatura. No solo porque supondría cumplir un compromiso electoral, sino porque significaría dotar al archipiélago de una herramienta imprescindible para proteger, ordenar y gestionar con criterios propios uno de sus mayores activos: su litoral.
