Una amiga que ha vivido muchos años en Chile, y en cuyo juicio confío plenamente, ve con buenos ojos las concesiones de ciudadanía española amparadas por la «ley de nietos». Dado el invierno demográfico español, es una bendición disponer de inmigrantes con los que compartimos cultura. Y además -me recuerda- hay muchos descendientes de españoles que mantienen un vínculo sentimental con España a través, por ejemplo, de casas regionales.
¿Cuál es, entonces, el problema? Para empezar, el número. Como ya ha ocurrido con la regularización de inmigrantes, las cifras han superado ampliamente las previsiones. En la regularización, la estimación inicial del Gobierno era de 500.000 personas, y ahora parece claro que superarán el millón y medio. Dada la relajación de los requisitos, la policía calcula que 400.000 inmigrantes que no estaban en España se han colado en la regularización. Ahora, con la «ley de nietos», de nuevo se van a desbordar ampliamente las expectativas iniciales.
Aclaremos que la «ley de nietos» no existe: deriva de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática de 2022, que posibilita la adquisición de nacionalidad española para los descendientes de exiliados por la Guerra Civil y el franquismo. Pero unos meses más tarde se dictó una Instrucción que presumió la condición de exiliado en todo el que hubiera salido de España entre 1936 y 1955 e incluyó de este modo a los que emigraron por razones puramente económicas. Es decir, una Instrucción cambió el ámbito subjetivo de una ley, y eso es sumamente irregular.
En todo caso, la acción coordinada de una disposición adicional y una Instrucción va a tener un efecto decisivo en nuestra democracia: un número indeterminado de personas que no han pisado España van a poder votar en nuestras próximas elecciones generales. Y la cuestión que surge inmediatamente es ésta: ¿es lógico que puedan votar en España personas que no viven ni cotizan aquí, y que no se van a ver afectadas por los resultados de su elección? Da la sensación de que, con esta medida, se diluyen por completo los conceptos de ciudadanía y democracia.
Permítanme expresar una paradoja. Si los descendientes de un exilio iniciado hace noventa años van a tener voz en los asuntos de España ¿no deberían tener voz en el País Vasco los exiliados, mucho más recientes, por el terrorismo de ETA? Y una perplejidad adicional. El Gobierno, después de regalar el Sahara a Marruecos por un quítame allá ese móvil, ha anunciado que también concederá la nacionalidad española a los saharauis. Pero ¿no eran los propios saharauis los que desdeñaron ser españoles y optaron por buscar una precaria independencia? Y una última. Estados Unidos investiga la concesión de nacionalidad española a personas muy cercanas al régimen castrista. En general, éstos, y todos los cubanos que se nacionalicen, podrán hacer en España lo que no pueden hacer en su país: votar.
Como decía, aquí el número importa. En 2025 se aprobó una ley que posibilitaba la adquisición de nacionalidad española a los judíos sefarditas, y desde entonces la han obtenido 72.000 personas; en el caso de los nietos», las cifras podrían llegar a 1,3 millones. Teniendo en cuenta que, al parecer, la elección de la provincia española dependerá de la voluntad de los solicitantes, existe el temor de que la disposición adicional y la Instrucción puedan acabar teniendo un efecto en el reparto de escaños de las próximas elecciones. Esta sospecha es bastante prudente si tenemos en cuenta que nos gobierna Pedro Sánchez. Y no ayuda a disiparla el hecho de que la Instrucción provenga del ministerio de Félix Bolaños, y su autora sea, vaya por Dios, la hermana del incivil ministro Óscar Puente. Recordemos, además, que en las últimas elecciones autonómicas, en las que el Partido Popular arrolló al PSOE, fue este último el que ganó el voto CERA.
El Gobierno se ha lanzado a denunciar la «irresponsabilidad» de la oposición por denunciar lo que Feijóo llamó «ingeniería electoral» de Sánchez. Arroja sospechas sobre las propias elecciones y la democracia, gritan. Personalmente, creo que es mucho más peligroso esperar a las próximas elecciones y descubrir que una cuidadosa siembra de «nietos» en determinadas provincias ha alterado un número suficiente de escaños. En estas condiciones creo que sería razonable volver al sistema de voto rogado, que proporciona más garantías. Y establecer plazos mínimos de residencia en España antes de que esos nuevos ciudadanos tengan derecho a votar. En general hay que estar, sí, muy vigilantes, y exigir al Gobierno una transparencia absoluta. Esto último pertenece a la ciencia-ficción, claro.
