“Una justicia lenta no es justicia. Y si para divorciarte o reclamar una pensión alimenticia tienes que esperar cuatro años, no hablamos de Estado de Derecho, hablamos de exclusión”. La frase es de la vicedecana del Colegio de Abogados de Baleares, Carmen López, pero podría haberla firmado cualquier profesional del turno de oficio en las islas. Cerca de 700 letrados de justicia gratuita realizaron en 2024 un total de 58.531 actuaciones en el archipiélago, récord histórico. Una cifra que, lejos de celebrarse, sirve como termómetro de un sistema tensionado hasta el límite.
A los retrasos en los pagos, la precariedad crónica y las retribuciones que en ocasiones no alcanzan los 150 euros por procedimiento, se suma ahora un nuevo obstáculo, la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia Procesal, que obliga a negociar antes de presentar una demanda. El problema es que nadie ha previsto quién paga esa negociación cuando el ciudadano acude a un abogado de oficio. Y en Baleares, según denuncian desde el Colegio, no existen centros públicos de mediación ni conciliación, lo que ha dejado a cientos de procedimientos civiles –especialmente en familia– congelados por falta de recursos.
160 ASISTENCIAS AL DÍA, MUCHAS SIN REMUNERAR
De las más de 58.000 actuaciones realizadas por el turno de oficio el año pasado, 34.211 corresponden a procedimientos judiciales propiamente dichos y 24.320 a asistencias letradas al detenido. Esto supone una media de 160 actuaciones diarias, siete cada hora, repartidas en turnos de 24 horas. “Y todo ello con una retribución indigna, sin apoyo institucional y con actuaciones que directamente no se pagan”, ha lamentado Martín Aleñar, decano del Colegio durante la rueda de prensa con motivo de la presentación del informe de actuaciones gratuitas en 2024 , que se ha celebrado este miércoles en Palma.
El Colegio también ha denunciado el agravio comparativo respecto a otras comunidades autónomas que sí tienen transferidas las competencias de Justicia. En el País Vasco, por ejemplo, un divorcio contencioso puede llegar a retribuirse con 650 euros. En Baleares, ese mismo trabajo apenas alcanza los 300. La media de retribución por actuación en las islas ronda los 145 euros. “No es que se cobre poco. Es que muchas veces, directamente, no se cobra”, ha apuntado Aleñar.
LA PATERA NO ESPERA: EXTRANJERÍA SIN GUARDIA NI DERECHOS
Uno de los puntos más críticos está en el ámbito de la extranjería. Baleares recibe prácticamente a diario embarcaciones con migrantes irregulares que deben ser asistidos legalmente. Pero no existe un turno de guardia específico para extranjería. ¿El resultado? El Colegio ha tenido que improvisar una lista de letrados especializados disponibles las 24 horas para que acudan, sin previo aviso y sin retribución por la disponibilidad, a asistir a los recién llegados en los cuarteles de la Guardia Civil.
“Se ha organizado un sistema digno de un gabinete de crisis permanente”, ha explicado López. El Colegio garantiza que ningún migrante se quede sin asistencia, pero lo hace a costa de una estructura voluntarista y precaria. “No permitimos que un abogado asista a más de ocho personas por patera, para garantizar cierta dignidad en el trato. Pero eso implica movilizar a veces a 10 o 14 letrados en cuestión de horas. Y no se paga absolutamente nada por esa guardia”, ha insistido.
La situación, que se repite “cada día, a todas horas”, ha sido comunicada al Ministerio de Justicia en reiteradas ocasiones sin que se haya articulado una solución estable. “Ni hay servicio de guardia, ni hay retribución, ni hay respuesta. Es una carga que asumimos como Colegio y como letrados, pero no puede sostenerse indefinidamente”, ha advertido el decano.
LA LEY QUE IMPONE NEGOCIAR…SIN HERRAMIENTAS PARA NEGOCIAR
Desde el mes de abril, la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia Procesal ha incorporado la obligación de intentar resolver los conflictos de forma extrajudicial antes de acudir a los tribunales. Aunque el espíritu de la norma busca desjudicializar el sistema, en la práctica ha generado un limbo jurídico especialmente dañino para quienes no pueden costearse un abogado privado.
En los casos de justicia gratuita, el abogado de oficio designado no puede presentar una demanda si no acredita previamente haber intentado una mediación, conciliación o negociación con la otra parte. Pero en muchos procedimientos civiles –como los divorcios contenciosos con menores o los conflictos de vivienda– ni hay recursos públicos para hacerlo ni la parte contraria está identificada aún. “¿Cómo negocias con alguien cuyo domicilio desconoces? ¿O cuando hay riesgo para los menores y urge una resolución judicial?”, se ha preguntado López.
En esos casos, la demanda se inadmite por no haber cumplido el requisito de negociabilidad. “Estamos ante una inseguridad jurídica flagrante. Cada juzgado interpreta la ley a su manera. Hemos llegado al punto de no poder presentar una demanda porque no tenemos dinero ni siquiera para enviar un burofax”, ha resumido la vicedecana. La ley prevé una excepción para los casos de justicia gratuita, pero no la concreta. “Y mientras el legislador se decide, la ciudadanía más vulnerable se queda sin respuesta judicial”, alertan desde el Colegio.
MENORES: LOS MÁS OLVIDADOS DEL SISTEMA
Otra de las jurisdicciones “abandonadas”, según la abogacía balear, es la de menores. Los casos relacionados con violencia o delitos sexuales han aumentado en los últimos años, pero los recursos asignados siguen siendo los mismos. Además, como en el caso de extranjería, el turno de menores no tiene guardias retribuidas. “Estamos hablando de asuntos de máxima sensibilidad, con personas extremadamente vulnerables, y no hay una estructura digna que los respalde”, ha criticado Aleñar.
La falta de peritos forenses, psicólogos y equipos de apoyo agrava aún más el escenario. “Hay informes que tardan más de dos años en emitirse. ¿Qué justicia es esa?”, se ha preguntado el decano, quien ha recordado que la tutela judicial efectiva “es una máxima del Estado de Derecho que hoy por hoy está en riesgo”.
EL EFECTO DOMINÓ: COLAPSO, DEMORAS Y JUICIOS PARA 2029
A este cóctel se suma el colapso generalizado de los juzgados, que en algunos casos ya están señalando juicios para 2029. “Los magistrados también son víctimas de este sistema, como nosotros y como los ciudadanos”, ha reconocido Aleñar. Pero los plazos de cuatro o cinco años para resolver un conflicto civil o familiar “son inadmisibles” y, en última instancia, erosionan la confianza en las instituciones.
Desde el Colegio aseguran estar en contacto permanente con la Sala de Gobierno del TSJIB, pero admiten que la sensación general es de impotencia. “Hemos pasado de una justicia lenta a una justicia inaccesible para una parte de la ciudadanía”, han concluido.
