www.mallorcadiario.com

Abuso de la prisión provisional

miércoles 31 de julio de 2013, 09:59h
Los magistrados de la Audiencia Provincial de Palma parecen querer mostrar su lado más duro contra la corrupción, asumiendo como propias las tesis de la Fiscalía Anticorrupción sin atender a otras consideraciones y recurriendo a la prisión provisional sin fianza.

En los últimos días y semanas hemos asistido a la celebración del juicio de Can Domenge, donde el relato de hechos probados de la sentencia plagia el escrito de acusación redactado por la Fiscalía en marzo de 2011. También la sentencia por el caso Scala, que ha condenado al ex conseller del PP José Juan Cardona a nada más y nada menos que 16 años de cárcel, se ciñe al relato hecho por la Fiscalía, ayudada por la confesión de la práctica totalidad del resto de acusados, que aceptaron pactar a cambio de ver sustancialmente reducidas sus peticiones de pena, de tal modo que la prueba de cargo que desvirtúa la presunción de inocencia de Cardona es, básicamente la declaración de otros imputados en la causa que han visto reducida generosamente su petición de pena solo con señalar a su superior en el CDEIB.

Fruto de estas dos sentencias se han producido los ingresos en prisión provisional sin fianza de Maria Antònia Munar por Can Domenge y de José Juan Cardona por el caso Scala, en ambos casos aduciendo un no probado y subjetivo riesgo de fuga y sin esperar a que la sentencia recaída en primera instancia sea firme. Muestran así los jueces y fiscales una severidad máxima para con los políticos condenados por asuntos de corrupción, sin querer esperar el resultado de los recursos de casación anunciados. Pareciera que, por si acaso el Tribunal Supremo modifica sustancialmente las penas como sucedió la semana pasada en el caso del ex president Jaume Matas, los jueces de la Audiencia de Palma se conjuran para que los condenados empiecen a cumplir las condenas que ellos imponen sin esperar a su revisión, lo que es absolutamente ilegal porque la prisión provisional ha de ser excepcional y no puede ser una condena anticipada.

En las dos recientes sentencias que hemos mencionado, la del caso Scala y la del Tribunal Supremo sobre la condena a Jaume Matas, también se efectúan reproches muy preocupantes por parte de los jueces a la actuación de la Fiscalía Anticorrupción. Una actuación sujeta a los principios de legalidad e imparcialidad, como determina el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y no un comportamiento desviado, selectivo y discriminatorio como el que a menudo parecen protagonizar los señores fiscales.

En la sentencia del caso Scala, el Tribunal lamenta que la acusación sitúe como meros miembros activos de la asociación ilícita a Kurt Viaene y a Antònia Ordinas, cuando deben ser considerados directores, con una responsabilidad y una pena asimilable a la de Cardona y distinta al del resto de acusados. Del mismo modo, la Sala se pregunta en la sentencia por qué no se acusa al Sr. Felipe Ferré del delito de cohecho cuando él mismo reconoció haber pagado comisiones. Se confirma así un descarado trato de favor por parte de la Fiscalía, acusando de tipos penales menos gravosos e incluso no acusando a quienes confirman sus tesis, aun a costa de camuflar la responsabilidad real de sus “colaboradores”.

Y además, y mucho más grave, el voto particular que ejerce el magistrado del Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, a la sentencia que resuelve el recurso de casación de Jaume Matas y que le absuelve de 4 delitos. En él se apunta a la posible comisión de un delito de prevaricación por parte de Rosa Estarás, a la sazón consellera de Relaciones Institucionales. Esto pone en evidencia que tanto los fiscales como el juez instructor del caso, el magistrado José Castro, omitieron deliberadamente actuar contra Rosa Estarás para evitar perder la competencia del caso, dado que en su calidad de eurodiputada es aforada y el asunto hubiera tenido que elevarse al Tribunal Supremo. Se confirma así la existencia de cirugía procesal selectiva para apartar del caso a quien ponga en riesgo que este continúe instruyéndose en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma.

Todo lo anterior es muy preocupante. La Fiscalía parece estar dispuesta a usar  atajos legales en la lucha contra la corrupción. Los jueces de la Audiencia de Palma parecen mirar hacia otro lado ante tales excesos para dar “contundente respuesta por razones de prevención”, en palabras del Tribunal del caso Can Domenge. Pero ello no puede hacerse sacrificando  los derechos fundamentales de los acusados, a quienes asiste el derecho a la revisión de la sentencia ante un Tribunal superior.

Al decretar sistemáticamente la prisión provisional sin fianza aludiendo a un eventual riesgo de fuga, algo absolutamente subjetivo y a menudo irreal y ficticio ya que tanto Maria Antònia Munar como José Juan Cardona han comparecido ante la Justicia siempre que han sido citados y nada hace suponer que no lo vayan a hacer de nuevo, máxime cuando han manifestado su intención de recurrir las sentencias ante el Tribunal Supremo, los magistrados optan por la más lesiva de todas las medidas cautelares posibles.

Y además, a parte de la conjetura que supone afirmar que existe riesgo de fuga, y de no tomar en consideración los argumentos de los acusados como el arraigo o la existencia de fianzas y embargo de bienes, el Tribunal olvida los mecanismos policiales y del Estado de Derecho que hoy en día hacen casi imposible que alguien con el pasaporte retirado, como es el caso, trate de ponerse fuera del alcance de la Justicia. Pueden imponerse otras medidas de control, como las comparecencias periódicas, la prisión atenuada o arresto domiciliario, o el uso de la pulsera telemática. Sin embargo, los jueces parecen querer tomar venganza de la absolución por parte del Supremo de Jaume Matas, olvidando que su función es administrar justicia y no practicar venganzas. Y menos en personas ajenas.

Compartir en Meneame