La vicepresidenta segunda del Congreso y Coordinadora de Participación Social del Partido Popular, Ana Pastor, ha reclamado en Menorca que sean las Comunidades Autónomas las que gestionen, “de forma directa”, el reembolso que los diferentes países europeos efectúan por la asistencia sanitaria que sus ciudadanos reciben en España, reembolso que en la actualidad gestiona el Ministerio de Trabajo a través dela Seguridad Social. Para Pastor, “siendo muy suave y delicada, tengo que decir que el modelo actual deja mucho que desear”, ya que las Comunidades Autónomas “no reciben el cien por cien del coste generado por los pacientes que atienden”, ha explicado. La ex ministra de Sanidad ha participado en la IV Jornada Sanitaria Illa del Rei de Menorca, que en esta edición ha abordado la nueva directiva europea sobre asistencia sanitaria transfronteriza, así como su repercusión en los sistemas de salud de los países dela Unión Europea y en los derechos de los pacientes.La IV Jornada Illa del Rei ha sido organizada porla Sociedad Española parala Evaluación y Calidad Sanitaria (SECSAN), en colaboración con el Col·legi de Metges de les Illes Balears (Comib) y Pfizer. La nueva directiva comunitaria, aprobada por el Parlamento europeo a principios de año, pretende establecer una regulación para facilitar el acceso a una asistencia sanitaria transfronteriza segura y de calidad entre países miembros dela Unión Europea, garantizar la movilidad de los pacientes y fomentar la colaboración en la materia de los diferentes países. Los Estados miembros disponen hasta octubre de 2013 para trasladar a su legislación dicha directiva. Pilar Viedma Gil de Vergara, directora General de Ordenación, Evaluación e Investigación Sanitaria de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana, ha dicho durante su intervención en la jornada de Menorca que la Directiva 2011/24/EU del Parlamento Europeo establece unos derechos a la asistencia sanitaria transfronteriza para que cualquier “asegurado” que se desplace a otro estado miembro pueda recibir el mismo trato que los ciudadanos residentes. Se pretende, explica Viedma, que las autoridades sanitarias nacionales colaboren de modo más estrecho e intercambien información sobre estándares sanitarios en materia de calidad y seguridad, sobre todo para tratamiento y diagnóstico de enfermedades raras. Pilar Viedma destaca que en la directiva se apoya la creación de redes europeas de referencia, en las que participen de modo voluntario, centros altamente especializados y reconocido a nivel europeo. Y un escenario nuevo: posibilita acudir a proveedores sanitarios privados por parte de los asegurados por otros países y reconoce el derecho de los pacientes a ser informados de esta posibilidad. OPORTUNIDADES Todos los expertos reunidos en Menorca han coincidido en afirmar que el nuevo horizonte que marcará la directiva europea está lleno de oportunidades, pero también de puntos clave que es preciso resolver. En este sentido, Ana Pastor considera que uno de los interrogantes más destacados que se presentan con la aplicación de esta directiva es la facturación. Es por ello que ha reclamado que “el reintegro por la asistencia médica a ciudadanos europeos debe ser abonada directamente a las Comunidades Autónomas”, por lo que “esto no funcionará bien si no son las Comunidades las que gestionen de forma directa” la factura sanitaria por asistencia a ciudadanos europeos. Precisamente, Pastor ha señalado que la nueva directiva tendrá en Comunidades Autónomas como Baleares, gran receptora de turistas europeos, una “trascendencia fundamental, según como se trasponga la misma en el ordenamiento jurídico español”. Otro de los aspectos que preocupan en gran medida a los expertos es el relativo a la protección de datos. La nueva directiva conllevará el intercambio de historias clínicas entre países de la Unión Europea, países con legislación dispar en cuanto a protección de datos de carácter personal. Pastor indica que “tendremos que aplicarnos el cuento en España”, porque “deberemos contar con una historia clínica común y compartida para ponerla a disposición de los países europeos”, ya que en la actualidad hay tantas historias clínicas como servicios de salud autonómicos, ha recordado. La directiva establece que cualquier ciudadano de un país miembro de la Unión Europeatendrá derecho a cualquier tratamiento médico y farmacéutico incluido en la cartera de servicios del país de acogida, pero matiza que el país de origen del paciente no pagará el tratamiento global conforme a la cartera de servicios de España si ese tratamiento no está incluido en la cartera de servicios del país de origen del paciente europeo. Es decir, el coste de la parte del tratamiento no incluido en la cartera del país de origen deberá sufragarlo el paciente. De esta manera, Ana Pastor considera que es imprescindible articular un sistema, antes de 2013, fecha de entrada en vigor de la directiva, una base de datos global de la cartera de servicios de todos los países de la U. E, “de tal manera que cada centro sanitario, cada administrador sanitario que reciba a un paciente y lo atienda tendrá que saber, conforme al ordenamiento jurídico del país del que proviene, a qué tiene derecho y a qué no tiene derecho, es decir, qué le cubre y qué no le cubre el sistema sanitario de su país de origen”. Eso es importante, según la Coordinadora de Participación Social del Partido Popular, ya que “cada país de origen deberá hacer dos facturas: una con el tratamiento que tiene cobertura y otra con el que no tiene”. Según Pastor, esta circunstancia “nos va a venir muy bien, ya que nos va a obligar a adaptar los sistemas de información de España y a poner blanco sobre negro la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud”. En este sentido, Ana Pastor pide la puesta en marcha en España de un nomenclátor único de política farmacéutica. En definitiva, para Pastor “deberíamos hacer una hoja de ruta que nos lleve hasta la entrada en vigor de la nueva directiva”. El encuentro se ha desarrollado en el histórico enclave de la Isla del Rey (Menorca), donde se ubica un antiguo hospital militar del que ahora se conmemora su tercer centenario. Al IV Foro sanitario han asistido unos 70 profesionales con la intervención de destacados expertos, como el responsable del Observatorio Europeo de Sistemas y Políticas de Salud, Willy Palm, quien ha realizado un análisis de la situación actual y el futuro inmediato tras la aprobación de la citada directiva europea. La jornada también ha contado con una mesa redonda, moderada por Ana Pastor, en la que ha participado Pilar Viedma; Rosa Estarás, eurodiputada y miembro de la Comisión de Desarrollo Regional; Alberto de Rosa, director general de Ribera Salud; y Javier Rey-Maquieira, profesor titular del departamento de Economía Aplicada dela UIB. La jornada ha sido presentada por el presidente del Comib, doctor Antoni Bennasar Arbós, y ha introducido la temática el doctor Joan Gual, director de la jornada. La clausura ha contado con la presencia del doctor Federico Sbert, director general de Evaluación, Sanidad y Salud Pública, y el jefe de relaciones institucionales de Pfizer, Rafael Martínez.
