Los socialistas acusaron ayer al Govern de aprobar un endeudamiento secreto, mediante un proyecto de ley que no comunicaron y que han remitido al Parlament. Evidentemente, el viernes no se dijo nada de este tema, pero un proyecto de ley que se remite al Parlament difícilmente puede ser considerado secreto. ¡Qué más querría el Gobierno que no informar de estas cosas! En cualquier caso, este tema de la deuda sí que merecería una reflexión en nuestra cámara: no sólo esta denuncia es importante, también lo que sucedió en los últimos años, cuando se multiplicó la deuda de la forma en que lo hizo, a cambio de inversiones silenciosas e invisibles. Parece claro que todos queremos saber qué se gasta y en cuánto nos endeudamos; parece igualmente claro que la legislación no es suficientemente contundente al imponer a los gobiernos la trasparencia; incluso parece que permite el lamentable olvido de miles de facturas en los cajones. Pues bien: ¿por qué en lugar de acusarse no lo arreglan? ¿Tanto cuesta reconocer que este tema está mal legislado, que deja puertas abiertas al engaño o, si lo prefieren, a que la oposición se crea engañada, y que hay que resolverlo? La legislación debería exigir que toda la deuda se tenga que hacer pública antes de ser contraída y que todas los servicios y compras que se encarguen tengan que tener una partida presupuestaria pública y conocida a la que están vinculados. El producto o servicio encargado sin partida, será con cargo del bolsillo de quien lo encargue. Es bien sencillo: exigir que sólo con la firma de la Intervención se puedan hacer comandas. Es más farragoso, pero nunca tan difícil como pagar deudas por doquier. Aquí parece que los problemas no los resolvemos sólo para poder devolver las acusaciones.
