El Congreso de los Diputados, con los votos de todos los partidos menos del PP, aprobó ayer una moción en la que critica y desautoriza a los jueces que, siguiendo la legislación aprobada por el propio Congreso, exige que los estudiantes tengan derecho a la enseñanza en castellano en todo el territorio del país, incluida Cataluña. Esta cuestión es relativamente sencilla: en España, desde la Constitución y en todas las normas que estaban en desarrollo hasta hace diez años, se preveía que en toda España el castellano sería idioma oficial, con la conviviencia, al mismo nivel (al mismo nivel quiere decir al mismo nivel), de un segundo idioma allí donde lo hubiera. Esto es lo que dice la Constitución aprobada en todas las autonomías españolas, entre ellas en Cataluña, con el apoyo de todos los partidos. A partir de un momento, Cataluña, con el apoyo a empujones de los socialistas, cambia su postura y decide que se hará todo en catalán y sólo en catalán. Pero nadie cambia la Constitución ni las leyes que la desarrollan, entre ellas la Logse y otras. Así que aquello empieza un derrotero de hechos consumados. Pero ahora unos padres han ido a la Justicia y esta ha tenido que dictaminar en función de lo que dicen la leyes, porque el papel no entiende de cambios de chaqueta ni de oportunismo político. Así que ahora, el Congreso se ha lanzado a criticar a los jueces por hacer lo que el Congreso había dictaminado. Un espectáculo tan absurdo, tan irresponsable, tan alucinante que recuerda los momentos más tristes de la historia del país.
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