La campaña lanzada por diversos colectivos contra la celebración romántica del día de San Valentín representa una injerencia en la libertad individual que mezcla conceptos que nada tienen que ver ni con el amor ni con la forma que cada ciudadano pueda elegir para experimentarlo. La campaña ha bautizado el día de los enamorados como "Sant Violentí" asegurando que "el amor romántico mata y la Justicia remata"; una digresión a la que se han sumado altos cargos del Govern, como la directora del IBDona, Rosa Cursach, o del ámbito municipal, como la regidora de Ecologia, Agricultura i Benestar Animal del Ajuntament de Palma, Neus Truyol.
Sorprende que el empeño por dirigir la libertad de los ciudadanos en aspectos que se circunscriben exclusivamente a la esfera privada provenga de sectores posicionados al lado de colectivos que han luchado por sus derechos sexuales durante años. Es necesario defender la igualdad de géneros de la misma forma que hay que luchar contra las agresiones sexuales o contra cualquier forma de abuso y dominación. Pero identificar la expresión romántica del amor con las carencias que aún arrastra nuestra sociedad en materia de igualdad constituye un enfoque totalmente distorsionado de la realidad, además de no representar la visión mayoritaria del conjunto de ciudadanos.
La administración, que representa a todos los ciudadanos, no debería sumarse a cruzadas radicales y mantenerse al margen de este debate. No hacerlo hace sospechar de los intereses reales de quienes están al frente de las instituciones, unos representantes públicos que no deberían dedicar tanto tiempo a adoctrinar sobre actitudes privadas. En la sociedad del Tinder y del 'poliamor' -la práctica que recogía este jueves mallorcadiario.com- la libertad de cada cual parece superar los intentos de adoctrinamiento que pretenden algunos políticos en temas de corazón y sexo. Los ciudadanos son libres para vivir sus sentimientos como mejor consideren sin que ningún cargo público les pueda imponer usos y costumbres.
