El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari del Gobierno vasco, Imanol Pradales, acordaron la semana pasada avanzar en la cogestión de los tres aeropuertos de aquella comunidad foral a través de la creación de un “órgano bilateral de colaboración, coordinación y gestión”.
Sin embargo, el gestor aeroportuario Aena, de capital público-privado y cuyo presidente designa el Gobierno en tanto accionista mayoritario de la sociedad (posee el 51%), se ha mostrado absolutamente en contra de modificar el actual statu quo y amenaza con acciones legales.
No se trata únicamente de una discrepancia técnica o jurídica, sino de un choque directo entre una empresa de capital público-privado y el propio poder político que, en última instancia, la controla. El gestor aeroportuario ha elevado el tono de una manera inaudita.
Aena es una sociedad participada mayoritariamente por el Estado, aunque cotiza en Bolsa y responde también a intereses privados. Esa doble naturaleza explica, en parte, la tensión: mientras el Gobierno adopta decisiones políticas, la empresa vela por la estabilidad regulatoria y la coherencia del modelo aeroportuario. Sin embargo, la discrepancia en un asunto de gran trascendencia como este ha alcanzado el debate público.
Si Aena puede cuestionar decisiones políticas de esta naturaleza, se introduce un factor de incertidumbre sobre quién dirige realmente la política aeroportuaria
Aena recuerda que la competencia aeroportuaria corresponde en exclusiva al Estado, e incluso apunta a posibles vulneraciones normativas en la formulación del acuerdo. Pero más allá del fondo jurídico, lo verdaderamente relevante es la forma: una empresa pública-privada oponiéndose públicamente al Gobierno.
Este episodio abre una grieta en el modelo. Si Aena puede cuestionar decisiones políticas de esta naturaleza, se introduce un factor de incertidumbre sobre quién dirige realmente la política aeroportuaria.
Todo ello sucede en pleno debate parlamentario de la ley autonómica de cogestión aeroportuaria de los aeródromos de Mallorca, Menorca e Ibiza que se tramita en el Parlament balear; lo cual perite avizorar que la discrepancia de Aena puede ir en aumento y escalar en intensidad.
