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Al alquiler vacacional no le afectan leyes ni regulaciones

jueves 27 de septiembre de 2018, 22:00h

La información publicada este jueves por mallorcadiario.com sobre los datos de ocupación en los alquileres vacacionales de Baleares demuestra lo lejos que está la realidad de cualquier planificación realizada por las administraciones. Según los datos facilitados por uno de los principales motores de búsqueda especializados, durante el mes de agosto, Baleares tuvo una ocupación media del 97,2 por ciento de la plazas ofertadas en alquiler vacacional. La comunidad balear se situó a la cabeza de los índices de ocupación de toda España y de toda Europa. Zonas como el Port de Sóller o Cala Ratjada estuvieron al 100 por cien de la ocupación. Otras como Can Picafort, Port d'Alcudia, Port d'Andratx, Pollença, Manacor, Cala d'Or o Playa de Muro superaron el 98 por ciento de los alquileres ocupados.

Las cifras del alquiler vacacional demuestran la fortaleza de un fenómeno surgido con el impulso de las nuevas tecnologías, que ha sacudido el turismo a un nivel mundial y ante el que los políticos han demostrado una escasa capacidad de reacción. El fenómeno tiene efectos positivos en las economías de propietarios o de supermercados, por ejemplo. Pero también se deja notar de forma negativa en términos de conviencia, sensación de masificación, atracción de un turismo de reducido poder adquisitivo, subida precios en los alquileres residenciales y nulo control sobre las grandes plataformas multinacionales que controlan el mercado y que escapan a obligaciones tributarias o al desarrollo de las zonas en las que asientan su negocio.

Las diferentes administraciones han querido ordenar el fenómeno. De hecho, en Baleares, en los últimos meses, hemos conocido regulaciones que procedían del Govern, del Consell y hasta del Ayuntamiento de Palma, cada una dentro de sus límites de actuación. Este martes, la propia secretaria de Estado de Turismo, la balear Bel Oliver, añadía elementos de debate al anunciar desde el Gobierno central la creación de un registro nacional de alquileres turísticos, así como que las comunidades de propietarios tendrían la opción de autorizar o no alquileres por mayoría simple de los vecinos.

En conjunto, el galimatías legal en torno al alquiler vacacional, con tantos niveles de la administración queriendo intervenir en el asunto, no ayuda a arrojar luz al tema; y mucho menos hacerlo con la celeridad que la situación requiere. En este escenario, pocos son los que saben a qué atenerse y el mercado avanza a años luz mientras las administraciones caminan al ritmo del caracol.


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