alquiler vacacional

El servicio de inspección del Consell de Mallorca a establecimientos turísticos ha levantado 499 actas de infracción en las 1.877 inspecciones realizadas desde el 1 de enero al 30 de septiembre de este.

La asociación de viviendas de alquiler turístico de Baleares (Habtur) ha negado este viernes que el alquiler vacacional sea responsable de la situación de masificación que se atraviesa en Baleares y de la subida del precio del alquiler.

El precio del alquiler en primera línea de playa sube un 9,7 por ciento este verano y alcanza los 1.016 euros semanales de media en España, 90 euros más que el año pasado y 190 euros más que en 2020. En el caso concreto de Baleares, el alza ha sido del 9,1 por ciento.

El PP ha trasladado este jueves a la patronal del alquiler vacacional Habtur el compromiso de que en la ley turística alternativa que se ha comprometido a presentar esta formación antes de final de año, estará garantizada la continuidad de las 90.000 plazas de alquiler vacacional, actualmente "en riesgo".

El Consell de Mallorca realizará durante los próximos 15 días 200 inspecciones en pisos de Palma que se dediquen al alquiler turístico, una modalidad no permitida en la ciudad que puede estar penada con sanciones de entre 20.001 y 40.000 euros. Tanto el PP como Cs han criticado la intención del Govern de eliminar esta modalidad de alojamientos argumentando que son plazas de "alta calidad turística". La institución insular ha abierto una dirección de correo electrónico para recibir denuncias de vecinos que informen de viviendas que estén realizando alquiler turístico sin estar inscritas en el registro.

Condenados a desaparecer. El sector del alquiler vacacional advierte que con la nueva ley turística, impulsada por el Pacto, tres de cada cuatro negocios de este segmento en las islas se hundirán.

Representantes de diferentes entidades convocadas por la Federación de Asociación de Vecinos de Palma se han concentrado este jueves, ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), para protestar contra la sentencia que tumbó la prohibición del alquiler turístico en viviendas plurifamiliares en Palma, señalando la "incompatibilidad" de esta práctica con la residencia de los ciudadanos. Los vecinos han mostrado su oposición y rechazo a la sentencia del TSJIB, que, a su juicio, "antepone la libertad del negocio turístico a las necesidades de la ciudadanía".

Exceltur reclama al Gobierno el establecimiento de un gran marco legal sobre Viviendas de Uso Turístico (VUT) en España que, "sin invadir competencias regionales", ordene lo que consideran un "crecimiento descontrolado" de este tipo de alojamiento, "evitando sus efectos adversos sobre la identidad y convivencia en los barrios más emblemáticos de las ciudades españolas, claves de su atractivo turístico".

El Consell de Mallorca ha realizado cerca de 1.500 inspecciones en establecimientos turísticos desde que tiene las competencias de ordenación turística --1 de enero-- hasta el 31 de julio, la gran mayoría se han realizado en establecimientos turísticos. De ellas, 292 han acabado en levantamiento de acta de infracción, de las cuales 132 corresponden a viviendas ilegales.

La Asociación de Viviendas de Alquiler Turístico (Habtur) Baleares ha recordado este lunes que "la actividad de alquiler turístico en Mallorca ha existido siempre y se ha ido regularizando a lo largo de los últimos años". Actualmente, las islas tienen 103.150 plazas de este tipo.

La patronal del alquiler turístico (Habtur) y el Govern balear no han alcanzado ningún tipo acuerdo para regularizar las 90.000 plazas turísticas que quedaron fuera de la normativa de alquiler de usos turísticos de 2017.

La patronal balear del alquiler turístico, Habtur, afirma que el Govern "ha engañado" al sector, después de conocer que la nueva ley turística prevé un bloqueo de las plazas. Para Habtur, el nuevo decreto supone la reducción del sector, contrariamente a lo que habían negociado con el ejecutivo balear.

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha emitido un comunicado criticando los efectos negativos que genera el desarrollo incontrolado de las viviendas vacacionales y urge al Gobierno a intervenir en su legislación.