En cada conferencia internacional sobre el cambio climático, los países más desarrollados de la Unión Europea nos ponemos estupendos frente al resto del mundo reclamando una reducción drástica de emisiones de CO2. El calentamiento global es una realidad que nadie en su sano juicio discute. Las discrepancias aparecen cuando se analizan las causas que lo provocan, y las consecuencias de la velocidad a la que se viene produciendo ese calentamiento. Pues bien, aun aceptando las premisas proteccionistas, el discurso de la sostenibilidad choca con un argumento que esgrimen los países en vías de desarrollo, y que resulta difícil de rebatir: ahora que os habéis hecho ricos y os habéis cargado el planeta, nos pedís a los pobres que juguemos con vuestras nuevas reglas, y asumamos unos costes que dificultan nuestro crecimiento. Reconociendo que la tesis tiene una parte de razón, el destino final de este viaje colectivo es el mismo: desde el punto de vista ambiental y de la biodiversidad, el mundo se va al carajo.
Me ha venido esto a la cabeza al conocer la respuesta de HABTUR, la patronal del alquiler turístico, a la carta que envió a los medios Gabriel Escarrer, CEO de Meliá Hotels International. Por su tono agresivo, casi difamatorio, la nota de HABTUR parece escrita por algún asesor actual de la Casa Blanca. Pero esa parte, la del estilo pendenciero, es anecdótica. Lo sustancial es el argumento de fondo, que reza así: los hoteleros habéis jodido Mallorca durante décadas, no nos digáis ahora que nosotros no tenemos el mismo derecho.
Negar que el desarrollo exponencial del alquiler vacacional contribuye a la saturación de los destinos turísticos es poco inteligente, porque resta credibilidad al resto de argumentos que expone HABTUR en su favor. Tampoco ayuda afirmar que “el 100 % de los beneficios hoteleros se quedan en sus únicas manos, cuando los del colectivo del alquiler turístico se reparten entre comercio de proximidad y las miles de familias que forman este colectivo”. Dicho así, parece que la totalidad de hoteles en Baleares funcionan en régimen de todo incluido, que los clientes tienen prohibido salir a gastar fuera del establecimiento, que son atendidos por robots y no por trabajadores que cotizan a la Seguridad Social, que los hoteles no tienen proveedores locales, ni contratan servicios externos… Para defender el alquiler vacacional no hace falta decir mentiras de tamaño trumpiano.
La carta de Escarrer, titulada “La segunda balearización”, critica con dureza la decisión del Govern de permitir la estabilización de 90.000 plazas de alquiler vacacional, en su día gratuitas, y también su posible intercambio, hasta ahora prohibido. Que el PSOE se sume a esta crítica, siendo el partido que otorgó todas esas licencias, es otra de esas bromas a las que nos tiene acostumbrados la moderna política. Pareciera que de tanto ocuparse de la memoria histórica, la de hace noventa años, a Armengol y Negueruela se les olvidara su gestión del turismo en el Govern hasta hace dos veranos. Deberían taparse un poco, porque al menos Marga Prohens se ha atrevido a prohibir nuevas plazas en edificios plurifamiliares.
Tengo la impresión de que al Govern del PP le hubiera gustado ir más lejos a la hora de poner coto al alquiler vacacional, porque es plenamente consciente de su impacto sobre el problema de la vivienda, y sobre la sensación de masificación que sufrimos en temporada alta. En este caso, hablar de contención o de decrecimiento nos aboca a una batalla semántica estéril. Lo cierto es que, dejando a un lado las incoherencias del pasado, los dos principales partidos de Baleares, PP y PSIB, están de acuerdo en el fondo del asunto. Cuando eso sucede, normalmente significa que una amplia mayoría social, que es la que no vive del alquiler turístico, también lo está. Entonces, ¿por qué no se produce ese gran acuerdo en favor del interés de la mayoría? Seamos sinceros, aunque duela leerlo: por la decisión del PSOE de no permitir que, como norma general, gobierne el partido más votado.
Prohens teme dejar suelto el cabo del alquiler vacacional para que lo agarre el PI, y esos miles de propietarios le permitan alcanzar un exiguo 5% de votos, y así entrar de nuevo en el Parlament. Con la teoría del cordón sanitario a Vox, eso supondría un cambio de Govern. Aun subiendo en número de votos y escaños, el PP sólo volvería a gobernar si obtuviera mayoría absoluta. Esta es la regla establecida por Sánchez y Armengol, que inclina el tablero de los pactos de una manera injusta, pero beneficiosa para ellos. Si entendemos la democracia como “el gobierno de la mayoría”, o sea, a favor del interés de la mayoría, la regulación del alquiler vacacional es un ejemplo claro de hasta qué punto el peso de una minoría -en este caso hipotética, ni siquiera real en la actual legislatura- puede llegar a pervertir el sistema.
