El Ayuntamiento de Alaior pedirá una modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que alivie las exigencias de control de gasto que atenazan y perjudican a los ayuntamientos cumplidores.
El Grupo Popular, que ostenta la mayoría en el pleno municipal, llevará al pleno de la próxima semana una propuesta dirigida al futuro gobierno de la nación para modificar la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y de Sostenibilidad Financiera.
El Ayuntamiento de Alaior considera que las previsiones de esta norma perjudican y atenazan la capacidad de movimiento económico de las corporaciones que han cumplido escrupulosamente con la Ley.
El equipo de gobierno ha defendido que aplicó además políticas internas de racionalización de la gestión en todos sus aspectos, y de esta manera pudo corregir "la desastrosa situación económica de las arcas públicas que había a principio del pasado mandato".
Tras defender la necesidad de esta medida legal por las circunstancias en que se encontraba la economía española, el Ayuntamiento de Alaior ha asegurado que "en la práctica, a pesar de las ventajas y eficacia para la reconducción de la economía del país, esta ley ha demostrado tener algún punto flaco y de hecho alguna incoherencia flagrante que perjudica en especial a las instituciones que han dado mejor cumplimiento a la norma".
En el caso del Ayuntamiento de Alaior, por ejemplo, la gestión económica que se ha llevado a cabo en los últimos ejercicios ha reducido considerablemente el nivel de endeudamiento.
Si en 2011 el Consistorio rozaba el límite máximo permitido, de 110 por ciento de deuda (sobre el presupuesto aprobado), en el momento presente el nivel de endeudamiento se sitúa en un 54 por ciento del presupuesto.
La realidad de las arcas municipales es ya muy diferente, el Ayuntamiento se encuentra fuera de la franja de riesgo y, sin embargo, cuando cierra un ejercicio con superávit ocurren dos cosas, ha explicado.
Por un lado, el ayuntamiento no puede, de acuerdo con la ley, destinar a inversiones una parte del superávit, aun cuando haya cumplido los objetivos económicos que determina la Ley.
Por otro, si el consistorio gasta por debajo de lo que tenía presupuestado, la consecuencia va a ser que en el ejercicio posterior ese límite de gasto se verá igualmente reducido.
Por todo ello, y "desde la convicción más absoluta de que hay que seguir manteniendo un ritmo de control exhaustivo de gastos desde la responsabilidad a la que obliga la gestión de los caudales públicos", el consistorio solicitará al Gobierno que promueva la lógica corrección de una ley "que ha sido muy útil pero que no puede suponer ahora un cortapisas o un freno para los que mejor cumplen con ella".
