En un Estado democrático de derecho la separación de poderes es lo que le define como tal. Y España, con sus imperfecciones, lo es. No todo depende del Gobierno. La Justicia, o al menos alguna de sus instancias, puede actuar con independencia.
Y eso es lo que ha ocurrido respecto a los separatistas encarcelados: La Justicia se ha puesto en marcha y una juez decente ha cumplido con su obligación dictando las medidas cautelares que requieren la gravedad de los delitos de que se acusa a los líderes del golpe de Estado separatista. Siendo evidente que la fuga de parte de ellos, con el cobarde y esperpéntico Puigdemont a la cabeza, han hecho que las medidas adoptadas fueran imprescindibles.
Aquí el gobierno presidido por el lector del Marca no ha intervenido en nada. La incompetencia de Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría se circunscribe a la escasa voluntad de hacer cumplir la ley. Ahí es nada.
El auto de Lamela está impecablemente argumentado desde el punto de vista jurídico. Si bien es legítimo discutir si en España se hace un uso abusivo de la prisión preventiva, lo que es intolerable en democracia es la reacción del nacionalismo y de una izquierda cada vez más antidemocrática considerando que estamos ante una injusticia y exigiendo al presidente del gobierno que intervenga: Sólo en países como la Venezuela de Maduro las decisiones de los jueces pueden adaptarse a consideraciones sobre su oportunidad política y seguir los mandatos del poder ejecutivo.
Por ello, a diferencia de lo que se dice en algunos medios de comunicación y en redes sociales, los encarcelamientos no han sido unos hechos tristes para España. Al contrario: Podemos estar satisfechos al comprobar que la Justicia alcanza a los que delinquen aunque se trate de individuos que sólo unos días antes ocupaban altas responsabilidades políticas. Esta es una de las bases de todo Estado democrático de derecho.
Un indicador de que las medidas judiciales adoptadas son las correctas y necesarias para salvaguardar la democracia es comprobar la reacción de los separatistas y podemitas liberticidas. Como la del concejal del Ayuntamiento de Palma, Aligi Molina, el “asalta-consejerías” condenado, que sigue cobrando su sueldo gracias al sistema democrático-constitucional que su partido pretende dinamitar, y que nos llama “miserables” a los demócratas que nos alegramos de que la Justicia independiente actúe. Qué “Podemos” esperar… Este es el nivel de los que desean una España a imitación de la Venezuela chavista corrupta y dictatorial. Alegrémonos pues.
