El Parlament ha validado este martes el Decreto Ley 7/2021 de 20 de julio, de modificación del Decreto Ley 11/2020, por el que se establecen sanciones más duras contra la celebración de botellones y fiestas ilegales. La norma ha salido adelante con los votos a favor de PSIB, Unidas Podemos, Més per Mallorca y Grupo Mixto, la abstención de PP, Ciudadanos y El PI y el voto en contra de Vox. Además, diversos grupos parlamentarios han solicitado que sea tramitado como Proyecto de Ley, una petición rechazada por la Cámara.
En defensa de la propueta, ha intervenido la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, quien ha indicado que el Decreto Ley establece un régimen sancionador para hacer frente al no cumplimiento de las medidas establecidas por el Govern para contener el avance de la pandemia en Baleares.
Garrido ha explicado que la norma tiene el objetivo de "disuadir" a la población de incumplir las medidas sanitarias. "Está dirigida a una minoría en beneficio de la mayoría", ha indicado, para después añadir que la intención es ser "contundentes e inflexibles".
Según la consellera, "hay unos pocos que ponen en peligro el trabajo de todos". Además de recordar que el objetivo del Govern es "salvar vidas", ha recalcado que el comportamiento de los ciudadanos de Baleares es "excepcional", pero hay una parte de la población, "la más joven", que se está viendo más afectada por la Covid.
La representante del Ejecutivo autonómico ha vinculado el actual repunte de contagios con la proliferación de "fiestas ilegales y botellones", y ha defendido que estos comportamientos "han de ser erradicados".
CUANTÍA DE LAS SANCIONES
La nueva normativa sanciona con un mínimo de 1.000 euros la participación en un botellón; un mínimo de 2.000 tomar parte en un botellón siendo contacto estrecho, y un mínimo de 5.000 euros si se practica botellón siendo positivo por Covid 19. También se propone una sanción mínima de 5.000 euros por la venta de alcohol fuera del horario permitido.
Al mismo tiempo, el decreto considera responsables de las infracciones a los propietarios de las viviendas o espacios donde se lleven a cabo fiestas ilegales, en caso de que no comuniquen la identidad de las personas que hayan contratado el alojamiento.
En el turno de los grupos parlamentarios que han votado a favor de la modificación de la norma, la diputada de Unidas Podemos Esperança Sans ha achacado al PP que "la situación de Madrid sólo nos hace dar las gracias de que aquí no haya un gobierno pilotado a lo Ayuso por Marga Prohens".
Sans ha subrayado que "ahora mismo" hay comunidades, "y gobiernos de todos los colores", actualizando las medidas y restricciones para hacer frente a la quinta ola. "Evidentemente no puedo incluir a la Comunidad de Madrid, porque al PP poco le importa lo que está pasando", ha afirmado.
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FAVORECER QUE NADIE ROMPA LA CUARENTENA
Seguidamente, el diputado del PSIB Juli Dalmau ha trasmitido que resulta "indispensable" actuar para "acabar" con actividades como los botellones, ya que la variante delta "está causando un mayor número de contagios". Dalmau también ha abundado en que la vacuna es "la mejor aliada" y ha subrayado que estas sanciones debe favorecer que "nadie rompa la cuarentena para participar en un botellón".
En el turno de quienes han rechazado el decreto ley, la diputada de Vox Idoia Ribas ha afeado al Govern que ponga "en riesgo la salud" de la población por permitir eventos como el macroconcierto de la Plaza de Toros de Palma. "Yo lo que me pregunto es qué multa va a pagar el Govern por permitirlo", ha dicho.
PP, CS Y EL PI SE ABSTIENEN
Tanto PP como Ciudadanos y El PI-Proposta per les Illes Balears se han abstenido en la votación, porque han solicitado que el decreto ley fuera tramitado como Proyecto de Ley. Los tres grupos parlamentarios se han quejado del "uso abusivo" que ha hecho el Govern de la figura del Decreto Ley en la gestión de la pandemia.
De hecho, el diputado del PP Juan Manuel Lafuente ha asegurado que esta modificación "llega tarde", dado que, a su juicio, tanto la Administración autonómica como la central deberían haber previsto, tras el último estado de alarma, que finalizó el 9 de mayo, una norma para legislar estas situaciones.
Por su parte, el diputado de Ciudadanos Juan Manuel Gómez ha señalado que el Govern "siempre se excusa" en el uso del decreto ley, y si bien ha reconocido que "estamos en una situación sin precedentes", ha recordado que "hace meses que la pandemia está aquí". Por eso, ha considerado que la medida es "insuficiente".
Finalmente, el diputado de El PI Josep Melià ha justificado la abstención de su partido en dos razones: el "abuso" de la utilización de la fórmula del decreto ley por parte del Govern, y en las deficiencias técnicas de la normativa, cuyo contenido ha calificado de "mejorable".
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