Era la mañana del 9 de marzo cuando agentes especializados en investigación económica de la Comisaría General de Información, con la colaboración de la Brigada Provincial de Información de Palma, se plantaron ante las verjas de varias mansiones en Calvià. El objetivo: desmantelar un complejo entramado societario diseñado para ocultar el patrimonio de un ciudadano ruso sujeto a medidas restrictivas internacionales como consecuencia del conflicto en Ucrania.
La operación, bautizada como Operación Oszan, culminó con la detención de tres personas —dos mujeres y un hombre— acusadas de actuar como testaferros. Se enfrentan a cargos por organización criminal, blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública y frustración de ejecución.
TESTAFERROS PARA BURLAR EL EMBARGO DE LA UE
La investigación comenzó cuando se detectó una red diseñada para ocultar el patrimonio de una persona física y dos jurídicas incluidas en la lista de sancionados por la Unión Europea y otros organismos internacionales. Los detenidos facilitaban la gestión de activos y la realización de transacciones financieras para evitar el embargo preventivo de sus bienes.
Según las pesquisas, los implicados participaron en la gestión y abono de gastos de suministros de las propiedades, además de figurar como representantes y apoderados de las empresas rusas sancionadas.
Ello les permitió obstaculizar el embargo de varios inmuebles de lujo, enmascarar la titularidad real de cuentas bancarias y acreditar la propiedad de vehículos de alta gama localizados en territorio nacional. El fin último era permitir que al sancionado no le fuesen congelados ni bloqueados sus activos para seguir disfrutando de su patrimonio en España.
LO QUE SE ENCONTRARON LOS AGENTES
El resultado de los nueve registros —cinco de ellos en villas de lujo— fue contundente. Los agentes intervinieron más de 300.000 euros en efectivo, seis vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos y abundante documentación. Además, se procedió al bloqueo de bienes muebles e inmuebles y al embargo de cuentas bancarias.
Dos de los tres detenidos fueron puestos a disposición judicial el 11 de marzo, quien decretó medidas cautelares sobre ellos.
La causa está bajo secreto de sumario, decretado por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza nº 1 de Palma. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para determinar si existen más personas o entidades involucradas en el entramado.
