La Audiencia Provincial de Madrid ha respaldado la investigación del juez Juan Carlos Peinado en el caso que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
En un auto fechado el 12 de junio, los magistrados han ratificado la imputación de Cristina Álvarez, exasesora de Gómez en La Moncloa, y han señalado la existencia de una “estructura institucionalizada de poder” en la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, que habría permitido una “clara y palmaria desviación” de las funciones de Álvarez, destinadas a labores de acompañamiento institucional, seguridad y protocolo.
El tribunal ha destacado que Álvarez, contratada en 2018 bajo la dirección de Félix Bolaños, entonces secretario general de Presidencia y actual ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, habría utilizado su posición para gestionar asuntos privados de Gómez, como enviar correos a empresas vinculadas a su trabajo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), donde codirigía dos másteres y una cátedra extraordinaria.
Estas acciones, según la Audiencia, podrían haber supuesto una desviación de recursos públicos para intereses privados, reforzando la “áurea de indudable influencia” de Begoña Gómez como esposa del presidente del Gobierno.
El juez Peinado, que lleva más de un año investigando a Gómez por presuntos delitos de corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo laboral, ha solicitado al Tribunal Supremo que impute a Bolaños por malversación y falso testimonio, tras interrogarlo como testigo en abril.
La Audiencia, aunque critica la falta de motivación en algunas decisiones de Peinado, ha avalado la solicitud de investigar el registro de llamadas de Álvarez con entidades relacionadas con la cátedra de Gómez, excluyendo líneas de investigación como el rescate de Air Europa y el África Center, previamente descartadas.
Este pronunciamiento judicial incrementa la presión sobre el secretario general del PSOE y refuerza los indicios contra Álvarez, cuya “connivencia” podría sustentar el delito de tráfico de influencias atribuido a Gómez.
La resolución también anula la primera declaración de Álvarez como testigo, realizada en diciembre de 2024, por considerar que su cambio a investigada no estuvo suficientemente justificado.
El caso, que ha generado un fuerte debate político, continúa generando titulares y tensiones, con el PSOE calificándolo como una “persecución política” impulsada por la ultraderecha, mientras que las acusaciones populares, lideradas por Vox y Hazte Oír, insisten en profundizar las pesquisas.
