Tras el incendio de un segundo autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Palma en menos de un mes, todas las alarmas se han disparado porque aunque afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales, los daños materiales son cuantiosos y ambos episodios, demostrativos por sí mismos de que algo no marcha bien. Joan Ferrer, concejal de Movilidad de Cort, ha anunciado que una empresa externa llevará a cabo una auditoría externa y eso está muy bien, pero se espera bastante más de alguien que ostenta la presidencia de la EMT, porque no acaba de llegar al cargo ni parece admisible que se eche balones fuera anunciando auditorías externas.
Según se ha sabido, la empresa encargada del mantenimiento de los vehículos de la EMT cobró el año pasado más de 7,5 millones de euros. Cort debe dar explicaciones detalladas y asumir su responsabilidad en estos hechos, porque ya hace un año que el equipo de gobierno comanda el Ajuntament de Palma y no es de recibo salirse por peteneras ante dos casos de notoria gravedad.
El anuncio de la investigación es muy procedente porque hay que saber qué está sucediendo, pero Ferrer no puede eludir su responsabilidad y está en la obligación de tomar medidas. Aunque no lo parezca, el asunto sí va con él. Si los incendios se hubieran producido estando en el poder el Partido Popular, los partidos que ahora mandan en Cort a buen seguro habrían exigido cabezas. Cabezas que ahora se evitan con el encargo de una auditoría externa que significa sencillamente no corregir nada.
