Las consecuencias gravosas que pudieran ocasionar a terceros los miembros del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) por las decisiones adoptadas en el ejercicio de sus funciones están cubiertas por un seguro de responsabilidad civil suscrito por la APB con la aseguradora luxemburguesa AIG Europe. En concreto, el anuncio de licitación de este servicio rezó así: "Cobertura a las reclamaciones presentadas contra los miembros del Consejo de Administración y los directivos de la Autoridad Portuaria de Baleares, por actos incorrectos cometidos en el ejercicio de funciones en la Autoridad Portuaria de Baleares y en las empresas participadas en las que ocupen cargos, garantizando el pago de las indemnizaciones que legalmente pudiera resultar civilmente responsable el asegurado".
Y todo ello porque, a criterio de la APB, de "la responsabilidad que deben asumir los miembros del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares en la toma de decisiones que conlleva la gestión diaria del citado Organismo Público, resulta procedente la contratación de un seguro que cubra cualquier tipo de responsabilidad civil en que pudieran incurrir durante el ejercicio de su cargo". AIG Europe, según el pliego de condiciones de la licitación, "debe garantizar a los asegurados el pago de un siniestro procedente de toda reclamación presentada en su contra originariamente durante el periodo contractual, y por la cual incurran en responsabilidad civil personal o solidaria, e imputable a todo acto culposo, real o presunto, cometido en el ejercicio de sus funciones como miembros o asesores, en el supuesto de que la APB no haya indemnizado previamente a los asegurados en relación con dicha reclamación". Como se puede apreciar, toda una armadura de impunidad.
SOLO UNA OFERTA
La cantidad a pagar por la póliza de 2022 es de 36.293,95 euros (impuestos incluidos), a seis euros con cinco céntimos de los 36.300 euros con los que salió el presupuesto base de la licitación de este servicio. Curiosamente, sólo se presentó AIG al concurso, a pesar de las decenas de compañías aseguradoras españolas que tienen subsede en Baleares. El motivo de su adjudicación -si podía haber alguno siendo la única oferta presentada- fue que había resultado "la oferta de mejor relación calidad-precio"; sin poder hacer cotejo con otras es intrascedente que lo fuera, o no.
Paradójicamente, se valoró muy positivamente, con un 10 de baremo, el que AIG recortara el límite de indemnización para el caso de que hubiera que hacer frente al pago por los perjuicios causados por algún miembro del consejo o por todo el pleno: la gran mayoría, políticos de las diferentes instituciones baleares como el Govern, los consejos insulares o el ayuntamiento de Palma. Todos ellos tienen las espaldas cubiertas y no habrían de responder con su patrimonio de los errores que pudieran cometer en el ejercicio de sus funciones como consejeros, y por las que cobran más de 900 euros por asistencia al pleno.
RIESGO ALTO POR LAS ACCIONES JUDICIALES
En cualquier caso, se puede tener una referencia aproximada del abrigo con el que se protegen los consejeros: en la póliza suscrita para el 2019 con la entidad Liberty Mutual Insurance por 9.341 euros, el límite de indemnización se estableció en 10 millones de euros, siendo desestimada la oferta de Chubb European Group Limited a pesar de que elevó hasta 12 millones el manto protector.
Para el año siguiente, el 2020, la compañía Mapfre, ganadora de la licitación con una oferta de 19.900 euros, protegió a los consejeros y autoridades de la Autoridad Portuaria con 15 millones de euros, un aumento significativo de la cobertura del seguro de responsabilidad civil.
¿Y qué pasó en 2021? Pues que ninguna compañía aseguradora presentó oferta y los consejeros estuvieron todo el año sin el abrigo protector de sus posibles responsabilidades civiles. A nadie le apeteció los 20.000 euros del concurso. Quedó desierto. Esto explica el porqué de la subida tan importante en el precio de la licitación de este año: la aseguradora negoció un precio muy superior al del año anterior para presentarse a la licitación. Al parecer, fue un concurso hecho a medida porque, a pesar del incremento de 16.000 euros en el precio de la póliza que la APB estaba dispuesta a abonar, a ninguna entidad de seguros le interesó cubrir a su Consejo de Administración, salvo a la sociedad que se presentó. Como ya se ha dicho, a optar por ese 'pastel' sólo acudió AIG y con una condición: que el límite de indemnización se rebajara substancialmente y fuera sólo de cinco millones de euros, en lugar de los quince que había otorgado Mapfre hacía sólo dos años.
Ahora los consejeros están menos protegidos. Y esto es debido a las actuaciones judiciales que se han abierto en los últimos años contra los gestores de este ente público del Estado. El riesgo, al parecer, es cada vez más alto y las aseguradoras rehuyen los riegos excesivos de indemnización.
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