La crisis energética desatada por la guerra en Oriente Medio vuelve a situar a la economía europea —y también a la española— ante una amenaza inflacionista derivada de la escalada de los precios de la energía y su inevitable traslado al conjunto de la economía. Cuando el petróleo se dispara, todo lo demás termina encareciéndose. Transporte, alimentos, logística, industria, servicios… Es inevitable que el golpe acabe llegando al bolsillo de ciudadanos, empresas y autónomos.
La economía balear, muy dependiente del transporte y con una estructura productiva dominada por pequeñas y medianas empresas, es especialmente sensible a cualquier encarecimiento energético. Basta con que el precio del combustible suba unos céntimos para que miles de negocios vean cómo se disparan sus costes operativos.
En este contexto, la respuesta del Gobierno no puede demorarse ni limitarse a declaraciones de preocupación. Hace falta actuar con rapidez. Y hay una medida inmediata, eficaz y perfectamente viable: bajar impuestos.
Hace falta actuar con rapidez. Y hay una medida inmediata, eficaz y perfectamente viable: bajar impuestos
Conviene recordar que una parte muy sustancial del precio que se paga por los combustibles no responde al coste del petróleo ni a la distribución, sino a los impuestos. Entre el IVA y los impuestos especiales, el peso fiscal sobre el litro de carburante es considerable. Dicho de otro modo: el Estado dispone de margen para aliviar la presión sobre consumidores y empresas.
Se trata de puro sentido común. Cuando la energía se encarece por factores externos —en este caso un conflicto internacional— mantener intacta la carga fiscal solo contribuye a agravar el problema. Reducir impuestos permitiría amortiguar el impacto inmediato y evitar una espiral inflacionista que acabará afectando a los productos más básicos.
El sector empresarial y los trabajadores autónomos llevan días reclamando al Gobierno central medidas tributarias. Saben bien que, si el coste de la energía sigue subiendo sin ningún tipo de compensación, la consecuencia será inevitable: precios más altos, menor actividad y pérdida de competitividad.
La situación es grave y exige decisiones rápidas. Si hay margen para actuar —y lo hay— no tiene sentido esperar. Bajar impuestos ahora es una absoluta necesidad.
