El pulso entre el Govern balear y el Ejecutivo central por el alquiler turístico de embarcaciones suma un nuevo episodio. La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha anunciado este lunes que su gabinete aprobará este viernes una modificación exprés del decreto del chárter náutico para prohibir el alquiler de barcos privados con fines turísticos en Baleares, en respuesta a la nueva normativa estatal que lo permitirá durante tres meses al año.
Esta será la segunda medida legislativa que adopta el Ejecutivo autonómico para frenar la liberalización del sector impulsada por Madrid. La semana pasada, el Govern ya vetó el uso comercial de los amarres de gestión autonómica reservados para embarcaciones privadas, impidiendo que pudieran utilizarse para el alquiler turístico.
“Hoy hemos dado un paso más”, ha afirmado Prohens tras presidir una sesión extraordinaria de la mesa náutica, convocada para escenificar el rechazo del sector a la normativa estatal. Según ha indicado, la oposición a la medida del Gobierno central es “unánime” entre los representantes del ámbito náutico balear.
La modificación del decreto se aprobará este viernes en el Consell de Govern, y busca “prohibir el alquiler turístico de embarcaciones particulares en Baleares”, ha remarcado la presidenta. El nuevo texto pretende blindar el modelo autonómico ante el cambio normativo estatal, que abre la puerta a que cualquier particular pueda alquilar su embarcación hasta 90 días al año.
CHOQUE COMPETENCIAL
El Govern balear sostiene que el alquiler turístico de barcos particulares pone en riesgo la seguridad, el equilibrio del litoral y la competencia leal en el sector náutico, ya que podría facilitar la entrada de operadores sin regulación ni control técnico. En este sentido, la presidenta ha defendido la necesidad de “preservar un modelo ordenado y profesional”, frente a la “turistificación descontrolada del mar”.
La ofensiva del Ejecutivo autonómico apunta a crear un marco normativo propio, basado en sus competencias en turismo y ordenación del litoral. Pero el conflicto jurídico está servido, ya que el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros modifica el reglamento de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, y tendrá aplicación directa en todas las comunidades autónomas salvo que una norma con rango equivalente lo impida.
