La Abogacía de la Comunidad Autónoma interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, contra la resolución del delegado del Gobierno en Canarias en torno al traslado y la reubicación en Baleares de un nuevo menor extranjero no acompañado.
Así lo ha autorizado este viernes el Consell de Govern, como ha detallado en una rueda de prensa el portavoz autonómico, Antoni Costa, quien ha recordado que se trata del cuarto recurso del Govern contra la propuesta de trasladado de menores de Canarias a Baleares.
"En caso de que haya una resolución al respecto, si es desfavorable, responderemos recurriendo a todas las instancias que nos permita el Estado de Derecho. Vamos a hacer lo que ya anunciamos que haríamos", ha incidido Costa.
Preguntado por esta cuestión, el portavoz ha explicado que, a día de hoy, no ha llegado a Baleares ni un solo menor de Canarias porque todas las prepuestas han sido recurridas.
"El día que llegue, nadie sabrá en qué isla se encuentra ni reportaremos desde la portavocía del Govern ninguna información al respecto por una razón de protección de datos y del menor", ha añadido.
Costa ha apuntado que la resolución del Gobierno en Canarias establece que los servicios de protección de Baleares asuman la tutela y custodia de un menor, como establecen dos decretos ley que han sido ya impugnados por la Abogacía de la Comunidad Autónoma.
Como ha precisado Costa, la resolución del delegado del Gobierno no motiva adecuadamente la desestimación de las alegaciones presentadas por la comunidad autónoma durante el período de audiencia.
En este sentido, se han detectado "diversas vulneraciones" del procedimiento establecido para el traslado y la reubicación de menores, especialmente por la falta del previo acuerdo de la correspondiente Conferencia Sectorial.
Costa también sostiene que la resolución no acredita que se haya procurado la búsqueda de la familia del menor ni el restablecimiento de la convivencia familiar, ni que se hayan observado los protocolos de coordinación entre las administraciones competentes en materia de protección de menores.
Por otra parte, como ha reiterado el portavoz, la resolución impugnada no tiene en cuenta el nivel de ocupación de los centros de atención especializada a estos menores ni la situación de emergencia migratoria que sufre el archipiélago.
Además, según la Abogacía autonómica, la asignación de capacidad de 406 menores en Baleares se fundamenta en criterios "insuficientemente justificados", con una aplicación "opaca y arbitraria" que, según el ejecutivo, vulnera el principio constitucional de solidaridad interterritorial.
