Baleares sumará 13 nuevos jueces en 2026. La medida forma parte del plan estatal para crear 500 nuevas plazas judiciales en todo el país, un récord que será posible gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce un nuevo modelo organizativo basado en tribunales de instancia.
Las nuevas plazas en Baleares servirán para reforzar, entre otros órganos, los tribunales de instancia de Palma, Eivissa, Inca y Manacor, así como otros órganos colegiados del sistema judicial. El objetivo es mejorar la capacidad de respuesta de los tribunales y avanzar hacia una justicia más ágil y eficiente.
El nuevo modelo elimina los juzgados tradicionales formados por un único juez y su equipo y los sustituye por órganos colegiados con una única Oficina Judicial. Este sistema permite crear plazas judiciales sin necesidad de abrir un juzgado completo, con un coste aproximado de 100.000 euros por plaza, frente a los cerca de 500.000 euros que suponía el modelo anterior.
Gracias a este cambio, la creación de las 500 plazas previstas para 2026 tendrá un coste de 55,7 millones de euros, frente a los 260 millones que habría supuesto con el sistema tradicional.
Del total de nuevas plazas en España, 363 se destinarán a tribunales de instancia, 85 a órganos colegiados como audiencias provinciales y tribunales superiores de justicia, y 50 serán de adscripción territorial. Con este refuerzo, la planta judicial del Estado crecerá un 8,5% en un solo año y la de Baleares, un 8,8%.
La distribución se ha realizado atendiendo a criterios objetivos como la litigiosidad y la población, así como a los informes del Consejo General del Poder Judicial y las propuestas de las comunidades autónomas y de los tribunales superiores de justicia.
El Ministerio ha subrayado que esta ampliación se suma a otras medidas en marcha, como el proyecto de ley para convocar 2.500 plazas de jueces y fiscales en tres años, lo que supondría un incremento del 42,5%, y la reciente convocatoria de 1.155 plazas en los cuerpos de gestión, tramitación y auxilio judicial.
El Gobierno enmarca estas actuaciones en su estrategia para reforzar los recursos humanos y mejorar el funcionamiento del servicio público de Justicia.
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