El president del Govern, José Ramón Bauzá, ha decidido hacer una declaración de todos sus bienes ante notario. Explica que es algo voluntario que no exigirá a los demás. Por supuesto, cada uno tiene derecho a hacer lo que le plazca y, en este sentido, está bien que haga la declaración que quiera. Sin embargo, a mí siempre me ha parecido que este tipo de actos carece de valor, ni siquiera simbólico. Todos, incluso los mayores delincuentes pueden hacer esto mismo. Todos llevan lo oculto, oculto, como la definición da a entender; nadie en su sano juicio, y para esto el dinero tiene el juicio sanísimo, declara lo que recibe ilegalmente, las fuentes ocultas, las comisiones camufladas. Por lo tanto, el valor de estas declaraciones es simplemente nulo, aunque mediáticamente puedan valer algo. Incluso más, si el Govern impusiera esta declaración, lo cual no es el caso, sería admisible y comprensible que los altos cargos rechazaran el trabajo ofertado. ¿Qué sentido tiene decirle a una persona si quiere ser conseller y a continuación exigirle que nos diga que no va a robar? Simplemente, si dudamos, basta con no designarlo. ¿O elegiríamos a alguien de quien dudamos que vaya a robar? Si uno elige a alguien para un cargo de confianza, es porque tiene confianza, porque cree en él. O es que hemos de tratar a todo el mundo como a los pasajeros de avión, de quienes se sospecha sistemáticamente que son terroristas peligrosos que camuflan las bombas líquidas en el bote de la pasta de dientes. ¿Alguien tiene que aceptar que se sospeche de él? Si a esto le sumamos que los políticos cobran una cantidad que es ridícula en relación con lo que una persona competente cobraría en el sector privado (aunque sea mucho más de lo que valen la mayoría de estos personajes) y que, cuando acaben, son incompatibles con el regreso al sector privado, en el mismo sector en el que estuvieron ejerciendo el cargo, entonces nos podemos explicar un poco del desastre que tenemos.
