Bruselas no entiende la emergencia habitacional que sacude Baleares

La Comisión Europea ha rechazado el veto balear a nuevas plazas de alquiler turístico en viviendas plurifamiliares al considerar que no está suficientemente justificado y que puede vulnerar la normativa comunitaria sobre libertad de establecimiento. Sobre el papel,  el planteamiento de Bruselas es impecable; pero en la práctica, se muestra profundamente desconectado de la realidad de Baleares.

El problema de acceso a la vivienda en el archipiélago es una emergencia social de primer orden. La presión del alquiler turístico ha reducido la oferta residencial hasta extremos insostenibles, disparando los precios y expulsando a residentes del mercado del alquiler. En ese contexto, pretender equiparar sin matices el derecho a una vivienda digna con la libre actividad económica es, sencillamente, no entender nada.

El Govern, con buen criterio, se planta. “Ni un paso atrás”, ha dicho el conseller Jaume Bauzá, defendiendo que la prohibición responde a una necesidad estructural y generalizada en todas las islas. ¡Y tiene razón! No se trata de una limitación legal caprichosa, abusiva o injustificada, sino una medida de contención ante un mercado desbordado.

Bruselas sugiere zonificar, lo que podría tener sentido en territorios donde la presión es desigual. Pero Baleares no es uno de ellos. Aquí el problema es transversal: Mallorca, Ibiza o Formentera comparten la misma asfixia. La vivienda ha dejado de ser un derecho garantizado para convertirse en un lujo inalcanzable para miles de ciudadanos.

Desde los despachos de Bruselas se defienden principios económicos ultraliberales, pero en Baleares hay que gestionar la realidad de la escasez de vivienda

Conviene recordar, además, que estas medidas no son permanentes. Son instrumentos excepcionales para una situación excepcional. Cuando el mercado recupere el equilibrio —si es que lo hace— podrán revisarse. Pero hoy la prioridad es otra: garantizar que la gente pueda vivir en su lugar de origen. Eso prima por encima del derecho a alquilar a turistas cualquier inmueble esté donde esté.

La Comisión Europea haría bien en escuchar más y pontificar menos. Porque desde los despachos de Bruselas se defienden principios económicos ultraliberales, pero en Baleares hay que gestionar la realidad de la escasez de vivienda y la multiplicación de pisos y apartamentos destinados al turismo y no a los residentes. Quizás eso a la Unión Europea no le preocupe, pero aquí lo hace. Y mucho.