Buades cree que cualquier registro de objetores puede generar acciones discriminatorias en procesos de contratación pública.
Así, el diputado señaló que la publicación de estos datos podría afectar la igualdad de oportunidades laborales y condicionar decisiones administrativas.
En defensa del derecho fundamental a la objeción de conciencia ante listas negras,pido a @goib que haga lo mismo que Ayuso👇👇👏
El Gobierno llevará a Ayuso a los tribunales por negarse a crear el registro de objetores del aborto https://t.co/omIR3sKEI9 vía @ABC_Sociedad— Agustín Buades (@AgustinBuades) November 15, 2025
COMPETENCIA COLEGIAL
El parlamentario defendió que la custodia de estos listados debe recaer en los colegios médicos. También reclamó garantías estrictas de confidencialidad para proteger los derechos de los facultativos que ejercen la objeción de conciencia.
CONSECUENCIAS PARA LOS PROFESIONALES
Buades advirtió de que estos registros pueden convertirse en una “espada de Damocles” para los profesionales. Según señaló, aparecer o no en ellos podría influir en el acceso a un puesto o en la permanencia dentro del sistema sanitario.
