La Renta Social Garantizada (RESOGA) vuelve a estar en el centro de la polémica política. Por un lado, por el endurecimiento de los requisitos de acceso, impulsado por el pacto entre PP y Vox para la aprobación de los Presupuestos del Govern de 2025. Y por otro lado, por la detección de irregularidades en un porcentaje importante de los perceptores.
Según datos de la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia del Govern, un buen número de los beneficiarios de esta ayuda social no tendrían derecho a cobrarla al estar trabajando con un contrato laboral en vigor.
En septiembre de 2024, la entonces consellera Catalina Cirer denunció que alrededor del 20 por ciento de los perceptores de la RESOGA estaban de alta en la Seguridad Social.
Más recientemente, una auditoría externa a constatado que unas 4.000 personas han percibido indebidamente la prestación, por lo que se prevé reclamar entre 1,6 y 2,4 millones de euros a esos 4.000 beneficiarios durante la pasada legislatura.
La consellera Sandra Fernández apuntó a la “caótica gestión” y la “falta de supervisión” durante el mandato de la consellera Fina Santiago (Més per Mallorca).
Posam ordre en la gestió de la RESOGA després d’anys de descontrol.
Hem revisat milers d’expedients, millorat els procediments i reforçat l'equip per garantir una gestió transparent i eficient d’una prestació clau per a les famílies amb menys recursos.
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— Conselleria de Famílies, Benestar i Dependència (@GOIB_Social) November 10, 2025
La tensión política aumentó cuando el martes pasado, durante la sesión de control al Govern en el Parlament, la presidenta Marga Prohens acusó a Més per Mallorca de “connivencia” ante quienes “se aprovechan del sistema” y de “dejar abandonadas a personas que necesitan una ayuda social”.
“¿Por qué encuentra normal defraudar más de un millón de euros al Govern? ¿Por qué lo defiende, porque era su partido? ¿Por incapacidad de gestión o connivencia con los que defraudan?”, preguntó Prohens al líder de los ecosoberanistas, Lluís Apesteguia.
Recordemos que en septiembre de 2025 había 2.052 titulares de la RESOGA, frente a los 3.387 que había en enero de 2023.
NUEVOS REQUISITOS
En ese contexto el Govern ha anunciado la introducción de nuevos requisitos. Para acceder a la RESOGA se exigirá un periodo mínimo de tres años de residencia legal y continuada en Baleares, frente al año que se venía aplicando hasta ahora. Esta restricción forma parte del acuerdo de PP y Vox para “evitar efecto llamada” y “recuperar garantías de arraigo” en la prestación.
Sin embargo, las entidades del tercer sector social de Baleares rechazan la medida, ya que pone en peligro los derechos de colectivos más vulnerables, como los jóvenes extutelados. En su opinión, vulneran derechos fundamentales, fiscalizan la pobreza, criminalizan la inmigración y erosionan los fundamentos del sistema de cooperación.
Además, estiman que muchos de los 7.000 beneficiarios de la RESOGA se quedarían fuera al no cumplir con el requisito de residencia legal un mínimo de tres años.
La Xarxa per a la Inclusió Social se opone a obligar a los perceptores a seguir un itinerario de inserción laboral y también al requisito de residencia.
¿QUÉ ES LA RESOGA?
La Renta Social Garantizada (RESOGA) es una prestación periódica autonómica en las Islas Baleares destinada a personas y unidades de convivencia que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica al no disponer de recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Según la normativa vigente, la prestación se concede a quienes no tienen derecho al Ingreso Mínimo Vital (IMV) o lo han solicitado y denegado o es inferior al importe de la RESOGA.
Los importes dependen de la composición de la unidad de convivencia; por ejemplo, para 2025, un adulto que viva solo tiene un umbral mínimo de 658,81 €/mes, mientras que para una unidad con dos adultos y tres o más menores puede llegar a 1.449,39 €/mes.
¿QUIÉN COBRA LA RESOGA?
Pueden ser titulares de la prestación las personas que reúnan los requisitos, entre ellos:
- Personas de al menos 23 años y menores de 65 años, solas o como integrantes de una unidad de convivencia.
- Personas mayores de 65 años que no cumplan los requisitos para percibir una pensión contributiva o no contributiva, solas o en unidad de convivencia.
- Personas de entre 18 y 22 años que tengan menores o personas con discapacidad a su cargo, mujeres víctimas de violencia machista o víctimas de trata de personas. La unidad de convivencia se define como todas las personas que residen en una misma vivienda, unidas por vínculo matrimonial o de pareja de hecho o hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. La ayuda tiene carácter subsidiario respecto del IMV; es decir, se solicita cuando el IMV no se puede obtener.
CAMPAÑA INFORMATIVA
La Consellería de Familia ha anunciado la puesta en marcha de una campaña informativa para dar a conocer la existencia de esta prestación entre la población potencialmente beneficiaria, ofreciendo información clara y precisa porque aquellas personas que cumplan los requisitos, puedan solicitarla.
“Nuestra prioridad es garantizar que la RESOGA se gestione con rigor, empatía y justicia”, aseguró la consellera. “Con este esfuerzo de revisión y mejora, reforzamos la credibilidad del sistema de protección social y hacemos que la RESOGA vuelva a ser una herramienta útil y justa para las familias que más lo necesitan”, apostilló Fernández.
