Estos días se ha hablado mucho de la reforma electoral que Podemos y Ciudadanos piensan proponer a Las Cortes. Partidos tan opuestos en sus planteamientos ideológicos han sabido acercar posturas con el fin de plantear una modificación de la actual Ley Electoral de forma que se aumente la proporcionalidad entre los votos recibidos por cada formación y su posterior representación real en número de escaños. En la práctica, lo que ambos partidos persiguen es que los partidos mayoritarios, PP y PSOE, no vean premiadas sus posiciones con una sobrevaloración de los votos recibidos en provincias de escasa población, lo que, a su juicio, acabaría con el bipartidismo.
La ley actual implica que para obtener diputados por Teruel, Soria, Segovia, Ávila, Cuenca y Zamora se necesitan muy pocos votos (unos 36.500 para sacar el primer diputado) mientras que para Madrid, Coruña, Barcelona, Valencia, Pontevedra y Sevilla se necesitan casi el triple de votantes. Los nuevos partidos, con mayor implantación urbana, piensan, posiblemente con razón, que esta fórmula les perjudica y pueden argumentar que la representación de la soberanía en el actual sistema español radica en los terrirorios y no en los votos de los ciudadanos.
Ni PP ni PSOE se han mostrado muy interesados en la propuesta. Pero, ante el escenario político que se abre con la irrupción de nuevas fuerzas, no es descabellado pensar que en algún momento habrá que atajar una reforma electoral. De hecho, el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha convocado este lunes a los barones del Partido Popular para, entre otras cosas, debatir este asunto. La propuesta de modificación del PP en materia electoral pasaría por fijar un "plus" de representación para aquel partido que gane las elecciones, de forma similar a otros países de nuestro entorno que lo usan o lo han usado en el pasado. Esto significaría que al partido que gane y obtenga, por ejemplo, 100 diputados, se le sumarían automáticamente 40 o 50 diputados más. La idea es garantizar la gobernabilidad facilitando la formación de mayorías.
En la actualidad nos enfrentamos, por una parte, a una fragmentación de los parlamentos con la apariciójn de nuevos partidos y la consiguiente imposibilidad de alcanzar mayorías absolutas; por otra, a una excesiva dependencia de formaciones con unos pocos diputados (como han sido históricamente los partidos nacionalistas) que han acabado marcando la hoja de ruta de muchas actuaciones politicas y, por último, a la escasa cultura de pacto que aún hoy se asienta en las cámaras españolas, donde una "gran coalición" a la alemana es totalmente impensable; una circunstancia que estamos viendo los últimos meses con la dificultad del Gobierno para aprobar los Presupuestos Generales.
Tanto Ciudadanos como Podemos deben entender que acabar con el bipartidismo no debe ser, por si mismo, el objetivo final. Si al final se acomete una reforma de la Ley Electoral es verdad que, por un lado, habrá que tener en cuenta la justicia que supone conseguir una representación más proporcional de todos los votos, independientemente de la circunscripción en la que se hayan emitido, pero también, por otro lado, habrá que garantizar fórmulas para garantizar la formación de mayorías de gobierno. Y en esta empresa deben converger, al menos, los cuatro principales partidos del país.
