Chantaje y excusas de Pedro Sánchez

Pedro Sánchez vino a Baleares a decir, entre otras cosas, que no puede impulsar ningún mecanismo para compensar a las comunidades autónomas mientras el Gobierno central siga en funciones. O lo que es lo mismo: que no puede pagar lo que debe mientras no sea investido presidente.

El gobierno de la nación adeuda 4.700 millones a las autonomías en concepto de entregas a cuenta del sistema de financiación correspondiente a 2019. De esta cantidad, a Baleares le corresponden 180 millones que no llegan. Paralelamente, y en sentido inverso, el Ministerio de Hacienda reclama a Baleares un ajuste cercano a los 500 millones que la comunidad tendrá que hacer sí o sí en sus presupuestos. La postura del presidente en funciones no ha gustado en el ejecutivo de Armengol, siempre dispuesto a echar una mano a Pedro Sánchez en sus objetivos políticos.

Después de haber visto frustrada su investidura el mes pasado, Sánchez se ampara en su condición de "presidente en funciones" para excusar las obligaciones del cargo. El gobierno está en funciones pero sus responsabilidades no; de la misma manera que, a pesar de estar en funciones, Pedro Sánchez sigue cobrando igual. Lo que es tan de justicia como que aporte soluciones ante situaciones como las que afectan a la hacienda balear sin perderse en formalismos que podrían intentar solventarse.

Esta actitud, calificada por el propio ejecutivo de Armengol como "una situación indeseable", sólo puede entenderse como parte de la estrategia desesperada de Pedro Sánchez de presionar a izquierda y derecha para conseguir su investidura en septiembre. De hecho, este estrangulamiento financiero afecta a todas las comunidades, tal y como el propio Sánchez ha recordado desde Palma a PP y Ciudadanos, quienes encabezan algunas de las autonomías más afectadas por el impago del gobierno central.

El bloqueo político nacional no puede seguir afectando al desarrollo de las comunidades autónomas, que siguen pendientes de una reforma del sistema de financiación -que Sánchez también se compromete a modificar de forma prioritaria... eso sí, cuando sea investido-. Suena a chantaje. Y mientras tanto, los afectados son los miles de ciudadanos y empresas que contribuyen a las arcas de Hacienda y que no deberían ver mermados los servicios que reciben de la administración.