La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este martes el anteproyecto para transformar la antigua cárcel de la ciudad en una residencia profesional temporal con 139 viviendas destinadas a colectivos con dificultades de acceso a la vivienda. El consistorio ha aprobado también el inicio del expediente de contratación para redactar el proyecto básico y de ejecución de las obras.
La portavoz del equipo de gobierno, Mercedes Celeste, ha destacado que "con este acuerdo se da un paso más para hacer realidad una iniciativa que permitirá continuar ampliando el parque de vivienda pública de Palma y ofrecer, además, soluciones habitacionales adaptadas a las necesidades actuales". Celeste no ha ofrecido más detalles del proyecto de la antigua prisión y ha avanzado que el Ayuntamiento convocará próximamente una rueda de prensa específica para explicar su alcance.
EL LARGO CAMINO HASTA EL DESALOJO
La aprobación del anteproyecto llega días después de que el consistorio ejecutara el desalojo del inmueble. Un amplio dispositivo conjunto de Policía Nacional y Policía Local desalojó sin incidentes el antiguo centro penitenciario, okupado durante más de una década. De las más de 200 personas censadas inicialmente, apenas quedaban 67 en el momento del desalojo. El consistorio derivó a algunas a recursos sociales como la Fundación La Sapiència y Cáritas diocesana, otras 14 acudieron a las casetas prefabricadas habilitadas por Cort en el Parque Central de Bomberos de Son Malferit, y el resto abandonó el recinto por sus propios medios.
El proceso no estuvo exento de tensiones. El Obispado de Mallorca había pedido que el desalojo se realizara de forma escalonada y personalizada, pero el Ayuntamiento descartó esa vía y ejecutó el desahucio tal y como le autorizó la justicia. Según el último censo disponible antes del desalojo, alrededor de 200 personas residían en la antigua prisión, de las cuales algo más del 60% se encontraba en situación administrativa irregular.
La vieja cárcel, cerrada en 1999, afronta ahora una nueva etapa tras casi tres décadas de abandono y conversión en símbolo de la crisis de vivienda y la inacción institucional.
