Cort desalojará a las 200 personas y tapiará los accesos de la antigua prisión de Palma. El anuncio lo ha realizado este martes el primer teniente de alcalde y regidor de Turismo, Cultura, Deportes y Coordinación Municipal, Javier Bonet, en rueda de prensa.
CUATRO INCENDIOS, DETONANTE DE LA DECISIÓN
Bonet ha explicado que el equipo de gobierno ha adoptado la decisión tras los cuatro incendios registrados el pasado fin de semana en el interior del inmueble. En uno de ellos, los bomberos tuvieron que rescatar a varios moradores.
El Ayuntamiento, propietario del edificio, iniciará ahora el proceso de recuperación posesoria. Durante dos días, la Policía Local y los servicios sociales municipales establecerán controles de acceso para identificar a los ocupantes y elaborar un nuevo censo actualizado. Una vez concluido el recuento, los dispositivos se mantendrán hasta que se ejecute el desalojo.
Según el último censo disponible, alrededor de 200 personas residen en la antigua prisión, aunque la cifra varía en función del día. Entre ellas no se han detectado menores de edad y, de acuerdo con los datos facilitados por el Consistorio, algo más del 60% se encuentra en situación administrativa irregular.
OFERTA SOCIAL
El regidor ha asegurado que el Ayuntamiento ha puesto a disposición de los ocupantes toda la cartera de servicios sociales municipales para buscar una alternativa habitacional. Sin embargo, solo una joven extutelada de 18 años ha aceptado la propuesta.
El próximo viernes el equipo de gobierno convocará una Junta de Gobierno extraordinaria para aprobar formalmente el inicio del expediente de recuperación del inmueble. Tras ese acuerdo, el Consistorio notificará a los moradores la orden de desalojo.
Los ocupantes dispondrán de cinco días para presentar alegaciones. Una vez resueltas, el Ayuntamiento dictará el acuerdo definitivo que les obligará a abandonar el edificio en un plazo máximo de cuatro días.
Bonet ha advertido de que, si no acatan la orden o se resisten, el caso pasará a manos de un juzgado. El primer teniente de alcalde ha reconocido que “seguramente” se producirá esta situación, por lo que los plazos finales para ejecutar el desalojo podrían dilatarse.
JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD Y BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS
Ese mismo viernes se celebrará también una Junta Local de Seguridad con la participación de la Policía Local, la Policía Nacional, la Delegación del Gobierno en Baleares y los servicios sociales municipales. En ese encuentro se informará del dispositivo y se pedirá a la Delegación que actúe en el ámbito de sus competencias respecto a las personas en situación irregular, que no pueden acceder a los recursos municipales.
Mientras se tramita el desalojo, el Ayuntamiento buscará la colaboración del Obispado de Mallorca, de la Autoridad Portuaria de Baleares, de la Delegación del Gobierno e incluso del Ejército para intentar habilitar una solución habitacional temporal.
LIMPIEZA, TAPIADO Y PROYECTO RESIDENCIAL
Una vez desalojado el recinto, el Consistorio acometerá la limpieza y el tapiado del edificio para evitar nuevas ocupaciones mientras se licitan las tareas de demolición.
En el solar de la antigua prisión, el Ayuntamiento proyecta un desarrollo residencial, mientras que el Consell de Mallorca prevé construir una rotonda en el entorno.
