Entre las concesiones administrativas para la explotación de puertos deportivos en Baleares bajo administración estatal está la de la dársena de levante de La Savina de Formentera; una adjudicación otorgada hace tres meses de la que sus titulares, sin embargo, no podrán optar a prórroga en 2024 porque ese derecho lo tiene, por Justicia, Formentera Mar.
El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) denegó en septiembre de 2017, bajo la presidencia de Joan Gual de Torrella, la solicitud de ampliación de plazo y prórroga de concesión en el puerto de La Savina solicitada por Formentera Mar al ver próximo (24-06-18) su vencimiento. La prórroga solicitada era por una década, más otra más de 17 años y medio.
Formentera Mar, que gestionó los noventa amarres de la náutica deportiva en el puerto de Formentera, había solicitado una ampliación de plazo de 10 años, más una prórroga de 17 años y medio para amortizar la inversión que en su momento hizo para construir y poner en marcha la instalación. El Consejo de Administración decidió denegar esta solicitud en base a que no se trataba de una concesión demanial portuaria, sino de un contrato de gestión de servicios públicos.
Formentera Mar presentó en 2015 la solicitud de ampliación de plazo y prórroga de sus instalaciones, al amparo de la Ley de Puertos del Estado que establece la posibilidad de modificación de concesiones de dominio público.
PETICIÓN DENEGADA
Joan Gual de Torrella hizo suyo un informe encargado por él al despacho de abogados Cuatrecasas, por una cantidad díficil de saber y que jamás se hizo pública, donde se concluía que Formentera Mar, propiedad del empresario Nicolás Mayol, no disfrutaba de una concesión demanial –y por tanto prorrogable de acuerdo a la Ley de Puertos del Estado–, sino de un simple contrato de servicios.
Esta tesis jurídica, a la que también se sumó la Abogacía del Estado, fue aireada por Ángel Bustos, gestor de Marina Formentera, competidor directo de Formentera Mar, en un escrito remitido a la APB en junio de 2015, coincidiendo con la solicitud de prórroga.
El Consejo de Administración de la APB denegó la petición, asumiendo la tesis de Bustos. Formentera Mar anunció que recurriría la decisión ante la Justicia al entender que la denegación se debía a un tecnicismo jurídico que no compartían y sin que se hubiese cuestionado la bondad u oportunidad del proyecto o la concurrencia del resto de requisitos exigibles. A Mayol le llamó poderosamente la atención la intervención en el proceso administrativo de otro concesionario, en alusión a la carta dirigida por Ángel Bustos a la Autoridad Portuaria. Pero la cosa quedó ahí, a la espera del pronunciamiento judicial. Mientras tanto, otra sociedad se quedó con la concesión entre 2016 y 2019.
A finales de 2021, la APB volvió a sacar a concurso esta dársena de La Savina y se la adjudicó a la oferta "más ventajosa" para el ente público. En sesión ordinaria del pasado 22 de diciembre, el consejo de administración de la APB eligió, para la explotación de la dársena de embarcaciones menores en el puerto de la Savina, a la empresa Ports i Litorals Sostenibles (Puertos y Litorales Sostenibles, S.L.), apoderada por Carlos Illa. Al concurso de explotación se habían habían presentado seis ofertas.
Los pliegos del concurso establecían de salida una tasa de ocupación de 154.000 euros al año y una tasa de actividad del 4 por ciento sobre el volumen de negocio. La oferta ganadora propuso, adicionalmente, una cantidad fija anual de 830.000 euros en concepto de mejora de las tasas de ocupación y de actividad, que se suma a las cantidades anteriores. Es decir, un pago anual a la APB de más de un millón de euros. La autorización tendría un tiempo de duración de un año —ampliable hasta tres—, a contar desde el otorgamiento de la misma.
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