Es la previsión que, en declaraciones a Europa Press, ha hecho el presidente de la Asociación de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) del archipiélago, José Miguel Artieda. A su parecer, durante este 2026 "lamentablemente todo seguirá igual".
Si el recién finalizado 2025 cerrará con un incremento de los precios de cerca del 10%, ha estimado basándose en datos los registradores de la propiedad, durante este nuevo año el mercado inmobiliario seguirá soportando una alta demanda y una escasa oferta.
Eso, ha apuntado Artieda, hará que se mantenga la tendencia alcista. El crecimiento en 2026 podría ser superior al 7% o al 8%, sin que eso signifique que los precios "toquen su techo".
"Llevamos ya una década con subidas de precios descomunales, con un sector inmobiliario con una actividad frenética. Ostentamos récords nacionales en precios, transacciones, endeudamiento familiar y crecimiento. Parece que eso no tiene límite y que esa expectativa de aumento de precio favorece este comportamiento", ha explicado.
Uno de los aspectos que empuja los precios hacia arriba es la alta demanda para la compra de vivienda, de nacionales pero especialmente de foráneos. "Hay mucha compra por parte de extranjeros. La demanda afecta a la oferta y eso arrastra los precios", ha incidido. Según el Consejo General del Notariado, entre 2007 y 2025 se han hecho con el 38 por cien de las viviendas del archipiélago.
Sí que parece que llegará a su tope la subida de los precios del alquiler, que empieza a "enfriarse". "El residente está tocando techo en su capacidad de endeudamiento para el alquiler", ha apuntado.
También se prevé que se mantenga estable la cifra de cerca de 1.200 transacciones mensuales, que ha venido sosteniéndose a lo largo de los últimos años pese a que haya menos viviendas a la venta.
Según los últimos datos publicados por los notarios, que abarcan hasta octubre de 2025, Baleares sigue liderando el precio de la vivienda con 4.097 euros por metro cuadrado.
Con un 3,8% interanual, el archipiélago se sitúa por debajo del ritmo del crecimiento estatal, del 6,7%, y está lejos del 20,4% de Cantabria o del 17,2% de Navarra. No obstante, las Islas lideran el ranking de los precios y dejan a considerable distancia a Madrid (3.549 euros/m2), el País Vasco (3.027 euros/m2), Cataluña (2.278 euros/m2) o Canarias (2.055 euros/m2).
En comparación con las regiones con los precios más asequibles, con lo que costaba una vivienda en Baleares se podrían comprar seis en Extremadura (627 euros/m2), cinco en Castilla y León (806 euros/m2) y cuatro en Castilla-La Mancha (1.006 euros/m2).
DE 780 A 1.750 EUROS DE ALQUILER
Otro de los focos de la crisis del acceso a la vivienda, más allá del previsible incremento de los precios, estará en la finalización de cerca de 24.000 contratos de alquiler a lo largo del año.
Según los datos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, los alquileres que se revisen en Baleares se encarecerán 4.615 euros anuales de media, la cifra más elevada del país.
Está situación de "incertidumbre" ha hecho que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Mallorca haya venido recibiendo consultas de afectados prácticamente a diario durante el último mes.
"Cada día recibimos mensajes de gente a la que se le finaliza el alquiler. A lo mejor, en diciembre, atendimos a 20 o 25 personas", ha asegurado la portavoz de la entidad, Ángela Pons, en declaraciones a Europa Press. "Estamos hablando de ciudadanos que cobrando 2.000 euros al mes se quedarán en la calle", ha añadido.
Es el caso, por ejemplo, de una mujer residente en Palma a quien su casero, un gran tenedor, pretende subir el alquiler desde los 778 euros mensuales hasta los 1.750.
En el mismo edificio hay alrededor de un centenar de inquilinos que, ha lamentado Pons, posiblemente se encuentren en una situación similar. "Es un desahucio legal, porque al fin y al cabo están sacando a la gente de sus casas", ha subrayado.
La portavoz de la PAH ha aventurado que este 2026 "todo va a ir a peor", y no tan solo por la finalización de los alquileres sino también por el incremento de los precios y la consecuente brecha social que se seguirá abriendo.
También preocupan los desahucios judiciales, especialmente el de Son Bordoy y el de la antigua prisión de Palma, de los que calcula que saldrán medio millar de personas "sin una alternativa habitacional".
SOLUCIONES Y DISPARIDAD DE OPINIONES
Desde el inicio de la legislatura, el Govern ha puesto sobre la mesa diversas medidas para tratar de paliar una crisis cuya responsabilidad cargan sobre la izquierda, a la que reprochan no haber sabido poner una solución durante los ocho años en los que gobernaron Baleares.
En octubre de 2023, a los pocos meses de llegar el PP al poder, se impulsó el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, que se ha complementado con la ley de proyectos residenciales estratégicos aprobada en 2025.
Entre medias, el Ejecutivo autonómico ha ido adoptado otras medias como el programa 'Alquiler Seguro' o, más recientemente, el anuncio de una deducción fiscal para aquellos propietarios que no suban el alquiler a los inquilinos a los que les finalice el contrato.
A ello se le sumarán las más de 1.000 viviendas públicas que, según anunció la presidenta Marga Prohens, el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) tiene previsto comenzar a construir este 2026.
Artieda ha valorado de forma positiva el trabajo de la administración y ha considerado que, en el caso de los proyectos residenciales estratégicos, pronto se comenzarán a ver resultados.
"Hay encima de la mesa proyectos que están en marcha destinados a los residentes. Pero lo que hace falta, al final, es sacar todo lo que está creado y construido al mercado", ha señalado.
El presidente de los API, además, ha llamado a poner en el mercado "todo el potencial" que tienen los solares sin edificar o los inmuebles infraedificados, como aquellos de un piso cuya altura se podrían elevar.
Para ello, ha subrayado, será necesaria la colaboración entre el sector público y el privado, alcanzar un "consenso político" para evitar "frenar el desarrollo" y, en municipios como Palma, enfocar los planes generales al fomento de la creación de nuevas tipologías de vivienda como los 'colivings' o los pisos de pequeñas dimensiones.
Pons tiene una percepción diferente de las decisiones que el Govern ha adoptado en materia de vivienda, al que recrimina su "negativa absoluta a cualquier solución habitacional".
La portavoz de la PAH, por ejemplo, ha dicho no tener constancia de cuándo, dónde ni cómo se llevará a cabo la construcción del millar de viviendas sociales que el Ejecutivo autonómico "tanto menciona".
"No hay medidas de urgencia ni para los alquileres, ni para los desahucios, ni para la finalización de los contratos, ni para la regulación de precios...", ha lamentado Pons, muy crítica con la decisión de Baleares de no aplicar medidas previstas en la ley estatal de vivienda como la declaración de zonas tensionadas.
La activista ha considerado imprescindible poner coto al alquiler turístico para que todas esas viviendas sean devueltas al mercado residencial. Si no se toman cartas en el asunto, ha advertido, la posibilidad de que el archipiélago se quede sin mano de obra se convertirá en una realidad.
"La gente tendrá que salir de Baleares, y muchos serán trabajadores de la restauración o de la construcción. Se cerrarán negocios y comercios. Están contribuyendo a un éxodo de personas que son necesarias", ha zanjado.
