Guillermo Sánchez: "No hemos recibido ni un euro del Gobierno para atender a menores migrantes"

Sánchez detalla que el sistema de protección insular atiende actualmente a 463 menores extranjeros, una cifra que multiplica por diez su capacidad habitual, y que el coste mensual de su atención supera los 2 millones de euros, lo que supone unos 25 millones al año. El presidente del IMAS alerta de una situación de “colapso real” por la falta de personal, infraestructuras y financiación, y critica que el Estado solo haya declarado la emergencia migratoria para adultos, lo que impide aplicar procedimientos de urgencia en la gestión de recursos para menores.

Tal y como publicó mallorcadiario.com, el número de menores tutelados en Baleares supera ya los 700, de los cuales más de 460 se encuentran en Mallorca. ¿Cuál es la capacidad real del sistema de acogida insular y en qué punto se encuentra la situación actual?

La capacidad ordinaria del sistema, es decir, la que hemos venido manteniendo en los últimos diez años, ronda las 50 plazas. Esa es la capacidad regularizada, la que históricamente teníamos para acoger a menores extranjeros no acompañados. Sin embargo, en estos momentos tenemos ocupadas 463 plazas, lo que supone una capacidad extraordinaria, creada de forma urgente para hacer frente a la llegada masiva de inmigrantes.

Esto significa que el sistema de protección de menores está funcionando a un 100 por cien de su capacidad. Es una situación que no solo tensiona la red de atención a menores extranjeros no acompañados, sino que también afecta al conjunto del sistema de protección. Hay que tener en cuenta que, de los 650 menores actualmente atendidos, 463 son extranjeros. Es decir, dos de cada tres menores tutelados son inmigrantes, lo cual es insostenible.

"Dos de cada tres menores tutelados son inmigrantes"

Necesitamos políticas claras que nos permitan volver a cifras razonables y habituales de llegada de pateras a Mallorca, para poder recuperar una situación de normalidad y dejar atrás este escenario de excepcionalidad.

El Consell de Mallorca ha advertido que el sistema de acogida está al límite y que ya no puede crecer más en personal, recursos ni infraestructuras. ¿Podemos hablar, entonces, de una situación de emergencia social?

Totalmente. Llevamos más de un año advirtiéndolo: la red de protección de menores se encuentra en una situación de colapso.

No se trata solo de un problema de financiación —aunque hemos tenido que incorporar créditos por valor de casi 15 millones de euros este último año para atender a menores extranjeros no acompañados—. El verdadero problema está en la falta de infraestructuras y de personal para poder atenderlos.

Cuando llegamos al IMAS, aún quedaban algunos inmuebles disponibles para habilitar plazas, pero eso ya no es posible. Ni el IMAS, ni sus técnicos, ni las entidades colaboradoras encuentran nuevos espacios. Incluso pedí al Gobierno de España si disponían de inmuebles, pero el secretario de Estado de Infancia y Adolescencia me comunicó que no tenían ninguno disponible. También hemos enviado cartas a los ayuntamientos para pedir colaboración, pero sin resultados.

"Cuando pedí al Gobierno si disponían de inmuebles para habilitar plazas, me comunicaron que no tenían ninguno disponible"

Por tanto, estamos ante una triple dificultad: financiera, de espacios y de personal. Y esa combinación nos ha llevado a una situación de colapso real.

La semana pasada, el Gobierno central anunció el traspaso de 1,2 millones de euros a Baleares para la atención de menores migrantes no acompañados. ¿Qué parte del gasto real cubre esa ayuda y cuál es el presupuesto total que el IMAS ha tenido que destinar este año a la atención de menores migrantes?

Se han hecho muchos anuncios sobre financiación por parte del Estado, pero a día de hoy no ha llegado ni un solo euro al Consell de Mallorca para la atención de estos menores.

Es cierto que se habló de 7,5 millones de euros para Baleares, pero, si hacemos un reparto proporcional según el número de menores que acogemos en Mallorca, nos corresponderían entre 700.000 y 800.000 euros. Sin embargo, el coste real mensual de la atención a menores extranjeros no acompañados ronda los 2 millones de euros, lo que supone unos 25 millones anuales.

Por tanto, esos 1,2 millones —que aún no se han transferido— no cubrirían ni diez días de atención. Francamente, resulta una broma. Si el Estado reconoce que tiene competencias en esta materia, debe asumirlas con responsabilidad y con una financiación acorde a la realidad.

El Consell ha pedido al Ministerio del Interior que reactive los procedimientos de repatriación de menores migrantes no acompañados, tal como establece la Ley de Extranjería. ¿Han recibido alguna respuesta?

No. La competencia en materia de repatriación es exclusiva del Estado, y no ha habido ningún tipo de comunicación o avance. La ley es muy clara: el Gobierno debe solicitar un informe sobre la situación familiar del menor en su país de origen.

Llevamos dos años ejerciendo esta competencia sin recibir ningún tipo de respuesta. Por eso, el presidente Llorenç Galmés ha enviado una carta al Ministerio solicitando información sobre el estado de estas tramitaciones: si se han iniciado, si los países de origen han respondido o si están paralizadas.

Lo que queremos es saber en qué punto está el proceso, porque el objetivo del sistema de protección de menores es el reagrupamiento familiar, tanto para nacionales como para extranjeros. Siempre que sea posible, un menor debe estar con sus padres, y para lograrlo el Gobierno debe ejercer sus competencias y tramitar los informes necesarios.

"Siempre que sea posible, un menor debe estar con sus padres"

También se ha planteado al Gobierno la cuestión de la edad de los menores trasladados, ya que muchos están cerca de la mayoría de edad.

Efectivamente. Lo hemos reiterado en nuestras comunicaciones. La determinación de la edad corresponde al Ministerio del Interior y, en la práctica, la realiza la Fiscalía junto con el Instituto Nacional de Salud (INSALUD), a través de pruebas médicas.

Sería importante que, en los informes solicitados a los países de origen, también se incluya documentación que aclare la edad real de los menores. Esto es esencial por dos motivos: primero, para proteger el sistema y evitar que adultos compartan espacios con menores; y segundo, para no dejar en la calle a quienes realmente sí son menores de edad.

¿De qué países proceden principalmente los menores tutelados por el IMAS?

Según los últimos datos, las nacionalidades más frecuentes son Argelia, Guinea y Mali. Entre las tres concentran aproximadamente el 90 por ciento de las llegadas. En el caso de Argelia, las llegadas se intensificaron desde 2022, tras la ruptura de relaciones con Marruecos. En el caso de Guinea, la ruta migratoria se ha desplazado desde Canarias hacia Argelia, desde donde parten hacia Baleares.

Además, tenemos menores de hasta 24 nacionalidades distintas, aunque la gran mayoría se concentra en esas tres.

“El 90 por ciento de los menores tutelados por el IMAS llegan desde Argelia, Guinea y Mali"

Usted ha denunciado que el Gobierno de España ha dejado fuera a los menores migrantes del procedimiento de emergencia aprobado para atender la crisis migratoria. ¿Qué consecuencias tiene esa exclusión para Mallorca?

Tiene consecuencias muy graves. Si el Estado no declara la emergencia migratoria en Baleares, no podemos aplicar procedimientos de contratación de emergencia. Esto impide actuar con la rapidez necesaria para atender a los menores. 

El Gobierno declaró la emergencia migratoria únicamente para atender a los adultos, pero no a los menores. Es incomprensible. Si el Estado reconoce la emergencia para un colectivo, debe hacerlo para todos. Actualmente, los adultos tienen más derechos que los menores en este ámbito, lo cual carece de toda lógica.

O se declara la emergencia para todos, o no se declara para nadie. Pero no puede ser que se reconozca solo para los servicios estatales y se margine a los que debemos atender a los menores.

También ha criticado la falta de actuación de Frontex en Baleares. ¿Por qué considera tan necesaria su presencia?

Frontex es una agencia civil europea que todos los Estados miembros financiamos y cuyo objetivo es ayudar en la contención y prevención de la inmigración irregular, tanto en destino como en origen.

Está desplegada en Andalucía, en Canarias e incluso en zonas del Cantábrico donde el flujo migratorio es menor. Sin embargo, no está presente en Baleares, que actualmente es el principal foco de llegada y donde más vidas se pierden en el mar.

No se entiende que el Gobierno no solicite su despliegue. Es una competencia estatal y solo el Ejecutivo puede hacerlo. Seguiremos insistiendo desde el Consell y desde el Govern balear para que Frontex actúe en el Mediterráneo balear, donde más se necesita.

Desde la oposición le acusan de no ejecutar todo el presupuesto disponible. ¿Qué responde a esa crítica?

Que mienten. No ejecutar el presupuesto sería no pedir ampliaciones, y hemos hecho ya dos incorporaciones extraordinarias de crédito, una de 7 millones y otra de 6 millones, para atender a los menores extranjeros no acompañados.

Si el IMAS no tuviera el presupuesto agotado, no podría solicitar esas aportaciones extraordinarias. En total, hemos pasado de unos 4 millones anuales en 2021 a más de 25 millones en 2024 destinados al sistema de protección de menores.

Por tanto, no solo ejecutamos el presupuesto, sino que lo hemos multiplicado por diez para hacer frente a la emergencia.

Más allá del sistema de menores, el IMAS gestiona áreas como dependencia, discapacidad e inclusión social. ¿Cuál es hoy la principal prioridad del Instituto?

Nuestra prioridad es seguir creciendo en plazas y recursos, porque las necesidades aumentan en todos los ámbitos.

En materia sociosanitaria, hemos creado ya unas 110 nuevas plazas con la apertura del centro Assumpció Miquel, el nuevo módulo de Son Caulelles en Marratxí, y la adquisición del edificio de las Hermanitas de los Pobres, que aporta 60 plazas más. Además, el Govern pondrá a disposición del IMAS 300 nuevas plazas a través del Consorcio de Recursos Sociosanitarios.

"Nuestra prioridad es seguir creciendo en plazas y recursos"

En inclusión social, hemos creado 20 plazas nuevas y estamos ampliando el complejo de Ca l’Arcàngel, lo que supondrá 25 plazas más. En discapacidad, también hemos abierto nuevas plazas en colaboración con entidades como Mater y seguimos ampliando recursos de vivienda tutelada, respiro familiar y atención residencial.

De hecho, hemos creado una línea de ayuda de 1.000 euros anuales para que las familias cuidadoras puedan disponer de una semana de descanso o realizar trámites, lo que llamamos “cuidar al cuidador”.

En materia de dependencia, ¿qué avances se han logrado en la coordinación con el Govern para reducir las listas de espera?

La Conselleria de Familias ha puesto en marcha un plan para agilizar las valoraciones y reducir los tiempos de espera. Además, se está elaborando un nuevo plan de inversiones trianual que prevé más plazas tanto del Govern como del IMAS, con el objetivo de ampliar la red sociosanitaria.

Desde el IMAS, también trabajamos en la apertura de dos nuevos centros de día —uno en el edificio de las Hermanitas de los Pobres y otro en la residencia Miquel Mir— y en programas de prevención y envejecimiento activo. Los talleres de estimulación cognitiva, por ejemplo, ya cuentan con más de 1.500 participantes en municipios de toda la isla.

Asimismo, hemos ampliado el servicio de ayuda a domicilio, incluyendo fines de semana y festivos, y hemos incrementado en un 30% las horas de atención.

Por último, se había hablado de la posible compra de la finca de Ca l’Ardiaca. ¿Puede confirmarlo?

Sí, estamos trabajando en ello. La adquisición permitirá ampliar los recursos de inclusión social y discapacidad del IMAS, y reforzar la red de atención de Mallorca.