Sánchez ha recordado que los responsables competentes en materia de protección de la mayoría de comunidades autónomas no se presentaron a la sectorial precisamente porque consideraban que asistir suponía validar un chantaje inaceptable, en el que se condicionaba la financiación a la aceptación de un reparto impuesto y arbitrario.
"No se nos han explicado los criterios de reparto y, a pesar de reconocer la saturación extrema de los servicios de acogida residencial, continúan con la intención de enviar niños y adolescentes a las islas", ha afirmado Sánchez, quien ha advertido que Mallorca no aceptará ningún traslado.
Según ha explicado el presidente del IMAS, el servicio de protección en Mallorca multiplica por 10 la capacidad ordinaria del sistema, y la sobreocupación actual supone un coste anual de 20 millones de euros, mientras que los 2 millones prometidos por el Ministerio “no cubren ni un mes” de atención al colectivo.
"No aceptaremos traslados impuestos ni financiaciones condicionadas. Los derechos de los niños no pueden convertirse en moneda de cambio política", ha asegurado Sánchez.
Desde el IMAS se reitera el compromiso con el interés superior del menor, pero también se reclama al Gobierno central que asuma las situaciones de emergencia con medios propios, especialmente en territorios como las Islas Baleares, que forman parte de una ruta migratoria consolidada y saturada.
