El Ayuntamiento de Palma y el Consell de Mallorca han suscrito un convenio para actuar de forma coordinada contra el alquiler turístico ilegal. El Consell destinará dos inspectores específicamente a Palma, que se incorporarán a la Oficina municipal de Vivienda, aunque si se considera necesario podrán ser reforzados con más personal. El consistorio, por su parte, aportará efectivos de la Policía Local durante las inspecciones, que se realizarán durante todo el año aunque con mayor intensidad durante julio y agosto.
El fenómeno del alquiler turístico ilegal es una realidad muy perjudicial. Aunque únicamente hay 639 viviendas registradas oficialmente en la ciudad para alquiler vacacional, el alcalde Jaime Martínez estimó en más de 15.000 los anuncios de oferta ilegal en los distintos portales y redes sociales. Se trata, así pues, de una situación alarmante que exige una respuesta contundente.
Tan elevado número de inmuebles destinados al alquiler turístico, hace que la presión sobre el mercado de la vivienda se dispare, encareciendo los alquileres residenciales y expulsando a vecinos. En barrios céntricos, la convivencia se resiente, a causa de los pisos vacíos la mayor parte del año, con ocupación masiva en verano.
Tan elevado número de inmuebles destinados al alquiler turístico, hace que la presión sobre el mercado de la vivienda se dispare, encareciendo los alquileres residenciales y expulsando a vecinos
Además, las sanciones previstas —de 500 a 500.000 €— reflejan el arsenal legal disponible, pero su eficacia depende de su ejecución. Este convenio es un buen inicio, pero es necesario asegurar recursos permanentes, no campañas estacionales. Hacen falta inspectores, coordinación interinstitucional y mecanismos ágiles de denuncia y cierre inmediato.
La coordinación entre administraciones debe ser real, no solo formal. Cort, Consell, Govern y Policía Local deben compartir información de información en tiempo real, especialmente frente a la estrategia de los infractores de trasladar anuncios a redes sociales como Instagram o TikTok.
Este plan debería consolidarse en un marco permanente de actuación administrativa: dotar de recursos estables (inspectores, tecnología, coordinación), sanciones disuasorias aplicadas con rigor, y exigencias concretas a las plataformas.
