La solidez de Galmés contrasta con el desmoronamiento de la izquierda mallorquina

Llorenç Galmés (PP) llega al ecuador de su mandato al frente del Consell de Mallorca con un balance firme: ha cumplido más del 80 % de los 185 puntos pactados entre PP y Vox, liderando una coalición estable con un presupuesto insular histórico de 695,5 millones.

Su gestión se construye sobre inversiones reales: con 391 millones destinados a políticas sociales, fuerte inyección financiera para mejorar la red viaria y lucha contra el turismo ilegal.

Frente a ello, la izquierda insular vive un preocupante ocaso político. Jaume Alzamora, secretario general de Més per Mallorca, abandona la política tras un periodo que solo cabe calificar de frustrante para sus votantes.

En paralelo, Catalina Cladera —ex presidenta socialista del Consell— renuncia a la secretaría general del PSIB de Mallorca para dejar paso a Amanda Fernández, que es diputada autonómica y está fuera de la institución insular, lo que desvanece su papel de oposición al gobierno insular de PP y Vox.

Galmés ha abordado con determinación cuestiones clave para la sociedad mallorquina, como la regulación de entrada de vehículos en temporada alta, la mejora en la red viaria y una política turística de tolerancia cero con la oferta ilegal

Ese vacío permite a Galmés marcar la agenda política sin oposición potente. Así, ha abordado con determinación cuestiones clave para la sociedad mallorquina, como la regulación de entrada de vehículos en temporada alta, la mejora en la red viaria y los accesos a Palma, y una política turística de tolerancia cero con la oferta ilegal.

En el ecuador de la legislatura, Llorenç Galmés transmite confianza a la ciudadanía, lo cual contrasta con la parálisis que se observa en la izquierda. Un equipo de gobierno insular consolidado frente a una oposición sin fuerza, sin relato, sin escenario institucional; casi en retirada.

En ese escenario, el reto que tiene por delante el exalcalde de Santanyí y actual líder del PP de Mallorca será rentabilizar su gestión y convertirla en rédito electoral en 2027.

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