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175.000 euros para entidades de apoyo social a las prostitutas de Palma

La Junta de Gobierno municipal ha dado este miércoles luz verde a las bases de la convocatoria pública de subvenciones del área de Justicia Social, Feminismo y LGTBI del ayuntamiento para la realización de proyectos y actividades de apoyo a las personas que ejercen la prostitución a Palma.

La convocatoria va dirigida a entidades que intervienen directamente en el entorno de la prostitución (sean o no víctimas de tráfico de personas). Uno de los requisitos es que sean entidades con presencia estable a ciudad, es decir, que supongan un referente para las personas que ejercen la prostitución, de forma que sean conocidas por este colectivo, para poder favorecer además gente.

La subvención está dotada con 175.000 euros, de los cuales 40.000 provienen del pacto de estado y 135.000 en cargo a presupuesto propio. Esto son 40.000 euros más que el 2018, cuando se destinaron 135.000 euros.

Con este dinero las entidades pueden financiar actividades y proyectos, como fue la puesta en marcha de una aplicación de móvil que permitía a las personas que ejercen la prostitución tener a su alcance los teléfonos de contacto de emergencias, servicios sociales. El año pasado se beneficiaron hasta tres entidades.

Para la regidora de Justicia social, Feminismo y LGTBI, Sonia Vivas, "es muy importante apoyar a las entidades que trabajan con las mujeres en situación de prostitución porque es un col•lectivo que sufre precariedad, exclusión y a menudo son víctimas de violencia. Necesitamos poner en marcha un tejido asociativo con una dotación económica que los permita actuar. No podemos normalizar la prostitución como un trabajo porque se trata de un tipo más de violencia hacia la mujer"

La atención a las personas que ejercen la prostitución o son víctimas de tráfico de personas se está incorporando los últimos años a la carta de situaciones que son objeto de atención como violencias machistas. Hasta ahora no había un marco normativo para intervenir, pero el pacto de estado y la ley de igualdad aprobada por el ejecutivo autonómico han abierto la puerta a que estos casos sean entendidos como vinculados a la desigualdad de género y, por lo tanto, sea necesario actuar al respeto.

Redacción

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