El giro presupuestario en materia de seguridad es, probablemente, uno de los movimientos más significativos del actual equipo de gobierno al frente del Ayuntamiento de Palma. Las cifras oficiales permiten reconstruir una evolución en la que el área ha pasado de manejar 70,6 millones de euros en 2016 a superar los 136 millones en 2026, la cantidad más elevada consignada hasta ahora.
La serie histórica muestra una progresión moderada entre 2016 y 2022 -de 70,6 a 87,8 millones-, con un repunte en 2020 (86,3 millones) y cierta estabilización posterior. Sin embargo, a partir de 2023 se produce un cambio de escala. Ese año el presupuesto fue de 89,1 millones; en 2024 ascendió a 97,9 millones, a los que se añadieron 14 millones adicionales; en 2025 se elevaría a 116,7 millones más 23,18 millones; y en 2026 alcanza los 136 millones.
El resultado es que uno de cada cuatro euros del presupuesto municipal se destina a seguridad. La magnitud del incremento no sólo refleja una prioridad política, sino también una reconfiguración del peso de esta área dentro del conjunto de la administración local.
375 AGENTES MÁS EN CUATRO AÑOS
El incremento presupuestario tiene una traducción directa en recursos humanos. El objetivo inicial del equipo de gobierno era incorporar 300 agentes durante la legislatura. Las previsiones actuales elevan esa cifra hasta 375 entre 2023 y 2027, más de los previstos hace escasamente un mes.
La secuencia es concreta. 50 policías se incorporaron al inicio del mandato; y a partir de febrero de 2026 se han sumado otros 55 agentes procedentes de la convocatoria de 2024. Ya en 2025 se convocaron 170 nuevas plazas; de ellos, 35 agentes inician prácticas ahora y los 136 restantes lo harán en junio. Además, se han publicado 50 plazas correspondientes a 2026 y están previstas otras 50 en 2027.
Esta ampliación supone un crecimiento sostenido de efectivos en un periodo de cuatro años, con impacto directo en la estructura operativa del cuerpo. La cuestión de fondo será cómo se consolida esta ampliación en el tiempo y qué efectos reales tiene en la presencia policial y en la gestión diaria de la ciudad.
REORDENAR LA PRESENCIA EN LA CALLE
Más allá de la cifra de agentes, el Ayuntamiento ha optado por reforzar determinados enclaves. Se han implantado puntos fijos de vigilancia en la plaza de España y la plaza de las Columnas. Paralelamente, se han desplegado puntos dinámicos en zonas de especial concentración de actividad, como Sant Miquel, plaza Major, Cort o el Parc de la Mar.
La estrategia apunta a incrementar la visibilidad policial en espacios de tránsito intenso y a reforzar la capacidad de reacción ante incidencias en el centro urbano y el frente marítimo.
NUEVAS UNIDADES Y TECNOLOGÍA
El rediseño operativo incluye la creación o impulso de unidades especializadas. El ECOP (Equip Comunitari de Proximitat) está integrado por una treintena de agentes que trabajan a pie en todos los barrios, con un enfoque de proximidad.
En paralelo, la UDROP (Unitat de Drons) incorpora tres drones bajo el mando de un oficial y cinco policías especializados dentro de la División de Seguridad Ciudadana. Esta unidad no sólo actúa en tareas de vigilancia y control, sino que colabora con áreas municipales como EMAYA, Urbanismo, Infraestructuras y Bomberos, además de otros cuerpos de seguridad. Los drones permiten desde la localización de presuntos infractores -penales o administrativos- hasta el control de tráfico o de concentraciones de personas, ampliando la capacidad de supervisión más allá del alcance físico de los agentes.
En el plano material, el Consistorio ha destinado más de 4,5 millones de euros a la renovación de la flota, la mejora de uniformidad y equipos de protección y la implantación de sistemas de videovigilancia.
NUEVO MAPA DE COMISARÍAS
La inversión también se plasma en infraestructuras. La comisaría de Ses Estacions ya está operativa. Están proyectadas nuevas dependencias en el Metropolitan y en Son Castelló, así como un nuevo cuartel en Nou Llevant que sustituirá al de Sant Ferran. Además, se ha anunciado el refuerzo de comisarías ya existentes.
La expansión territorial responde a la necesidad de adaptar la estructura policial a la evolución urbana de la ciudad y a la distribución de población y actividad económica.
Esta actuación de la Policía Local se complementa con la acción de la Policía Nacional que tiene en Palma uno de los principales desafíos en materia de seguridad. Según el balance del Ministerio del Interior correspondiente a 2025, los delitos aumentaron en Palma un 6,9 por ciento, pasando de 35.537 a 38.001 en todo el año. Los homicidios pasaron de uno a dos y también repuntaron los robos con violencia e intimidación (un 22,3 por ciento más) y los hurtos (un 15 por ciento más).
En cambio, descendieron las agresiones sexuales con penetración (un 21,3 por ciento menos), los robos con fuerza en domicilios (un 20,1 por ciento menos) y el tráfico de drogas (casi una quinta parte menos.
ORDENANZA Y AUMENTO DE ACTAS
Este refuerzo de la Policía Local de Palma se apoya en la Ordenanza para el Fomento de la Convivencia Cívica, en vigor desde julio de 2025. Los datos de aplicación ofrecen una primera fotografía de su impacto: entre julio y septiembre de 2025 se levantaron 4.131 actas. Si se suman otras ordenanzas relacionadas con civismo y limpieza, el total asciende a 7.702 infracciones, 3.192 más que en el mismo periodo del año anterior.
Entre las conductas más sancionadas figura el uso indebido de vehículos de movilidad personal (2.032 actas, cerca de 900 más que en 2024) y la venta ambulante ilegal (1.232 actas, 263 más que el año anterior), además de 44 sanciones impuestas por primera vez a compradores o cómplices que avisaban de la presencia policial.
Los datos apuntan a una intensificación del control y a un uso más sistemático de las herramientas sancionadoras disponibles.
EL PLAN DE ORDENACIÓN
Uno de los movimientos estructurales más relevantes es el nuevo Plan de Ordenación de la Policía Local, el primero que se aborda en más de 15 años, no sin cierta polémica por parte de algunos sectores. El equipo de gobierno lo presenta como un proyecto de reorganización profunda, destinado a dotar al cuerpo de un modelo estable y jurídicamente sólido.
Según el Ayuntamiento, su tramitación responde a procedimientos administrativos diseñados para evitar impugnaciones y garantizar su aplicación a largo plazo. También se asegura que los sindicatos están informados y que existen canales de negociación abiertos.
El alcalde, Jaime Martínez, ha querido vincular este proceso en materia de seguridad a un mensaje político claro de respaldo al cuerpo. El día posterior a su toma de posesión visitó el cuartel de Sant Ferran, primera dependencia municipal que recorrió como alcalde. En sus intervenciones públicas posteriores ha insistido en la necesidad de reforzar recursos y, también, de restaurar el prestigio de la Policía Local, especialmente a aquellos agentes que sufrieron las consecuencias derivadas del largo caso Cursach.
En 2025, Martínez cifró en más de 5 millones de euros el coste para las arcas municipales de aquel proceso y anunció la intención de reclamar esa cantidad al Ministerio de Justicia, además de promover un acto de desagravio para los agentes afectados.
