Hace casi ocho años que la izquierda gobierna en el Ajuntament de Palma. En estas dos legislaturas la ciudad ha tenido dos alcaldes: José Hila (PSOE) y Antoni Noguera (Més). Los problemas de la ciudad no han parado de crecer, siendo el mayor de todos ellos el acceso a la vivienda. La gentrificación ha ido a más, con una creciente expulsión de los residentes de determinados barrios, debido a la actividad turística basada en el alquiler vacacional, al que, por la autocomplacencia municipal, no se ha puesto coto.
Las plataformas comercializadoras como AirBNB anuncian en sus webs viviendas vacacionales para alquilar a turistas que no cuentan con licencia para desarrollar esa actividad, sin que las administraciones con competencia en la materia hagan lo necesario para meter en vereda a los propietarios de dichos inmuebles. Pero Cort saca pecho de la prohibición del alquiler turístico en Palma, acordada tiempo atrás por el equipo de gobierno municipal integrado por PSOE, Podemos y Més, que no ha resuelto el problema porque el papel todo lo soporta. Mucha prohibición teórica y mucha infracción práctica.
Siendo todo esto el principal motivo de preocupación de la ciudadanía de Palma, el asunto de las irregularidades supuestamente cometidas por la empresa encargada por el Ajuntament de Palma para efectuar las notificaciones municipales, CI Postal, es el escándalo de mayor calado en el que se ha visto salpicado el consistorio. A una gestión negligente, que no vigiló lo que hacía la empresa contratada, pese a las numerosas denuncias de ciudadanos que alertaban de que CI Postal no cumplía con aquello para lo que se le pagaba hasta que la Policía Nacional detuvo a varios trabajadores de la contrata, hay que sumarle la absoluta indolencia de Cort ante los perjudicados. No les ha importado embargar el salario de vecinos de la ciudad que denunciaron no haber recibido jamás una notificación. Les ha dado absolutamente igual porque, en su infinita arrogancia, no aceptan ninguna responsabilidad en el asunto.
Y para rematar la faena, ahora se encarga realizar las notificaciones a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, de forma provisional “para evitar el caos”, según explicó el concejal Alberto Jarabo. Por lo que inmediatamente surge la pregunta: ¿por qué no se encargó la tarea a Correos desde un principio, o al menos tan pronto como se tuvo conocimiento de las supuestas irregularidades? La desidia que el Ajuntament de Palma demuestra en las cuestiones más diversas es espeluznante. Y tremendamente cansina.
