Muchas empresas acogidas a créditos ICO han expresado su inquietud ante las condiciones que en algunos casos les están imponiendo los bancos para proceder a una novación del préstamo.
Intermediarios financieros y gestores de operaciones sitúan la nueva situación en el escenario cambiante y sometido a presión que suponen las fusiones bancarias en ciernes y las que, presumiblemente, se producirán en un futuro próximo. Lo que los profesionales del sector señalan es que los bancos 'sugieren' la ampliación de las contrataciones de servicios por parte de los empresarios beneficiados con créditos ICO a cambio de renovar sin problemas sus créditos. Es decir, si se contrata un seguro o algún otro servicio, todo discurre con más facilidad.
Afirman que es una acción denunciable, aunque se vería amparada en el ámbito de la relación personal de cada empresario tenga con su banco. Sea como fuere, las tramitaciones de estos créditos y sus renovaciones o ampliaciones deberían ser mucho más sencillas y transparentes. La banca no puede descargar su reconversión en las empresas que, siendo solventes, se vieron afectadas por la crisis mundial que generó la pandemia hace ya un año y para la que el Estado habilitó recursos que asegurasen su financiación y su liquidez.
Sólo en Baleares se han aprobado en un año algo más de 26.000 operaciones por un importe total de casi 4.800 millones, lo que indica la magnitud del problema en las Islas y el impacto de la crisis en el tejido empresarial balear.
El negocio de la banca ha evolucionado hacia nuevas formas, en un contexto de bajos tipos de interés en el que hay que buscar nuevas fuentes de ingresos mediante comisiones o nuevos servicios. También con las fusiones, que tienen un efecto directo en la reducción de los costes, sobre todo adelgazando las plantillas de personal y permitiendo aprovechar mejor determinados recursos.
Es una evolución lógica que, sin embargo, no debería representar mayores costes para los usuarios; especialmente en el actual escenario de crisis que ha afectado a tantas empresas y trabajadores. Los créditos ICO no son ayudas a fondo perdido; son préstamos que se han de devolver y que sólo en el caso de no hacerlo es el Estado el que garantiza con su aval el 80 por ciento de la cantidad aportada por el banco. El decreto ley por el que se crearon establece, además, que no deben llevar aparejadas compensaciones para la entidad bancaria. Es por ello que no procede añadir confusión ni menoscabar la capacidad de recuperación de las empresas -la mayoría pymes y autónomos- que se han visto sacudidos por la crisis y han tenido que recurrir al ICO para intentar asegurar su continuidad. Porque, a diferencia de la banca, ellos no tienen a quien les rescate.
