Aunque durante mucho tiempo se ha insistido en medios jurídicos en que la imputación de un ciudadano es más una garantía legal que otra cosa, la crudeza del caso Nóos y la implicación de la hija del Rey ha venido a demostrar todo lo contrario. Una imputación es un estigma, un castigo de Telediario. De ahí la movilización de parte del aparato del Estado para evitar la imputación de Cristina de Borbón, hasta el extremo, nunca visto hasta ahora, de que el juez Castro la imputó, la Audiencia la desimputó aunque apuntando otras vías de investigación, el juez la ha vuelto a imputar y ahora hay un auténtico debate en toda España sobre si tendrá que ir o no a declarar el próximo 8 de marzo. Es lo nunca visto. Pero es precisamente este temporal mediático el que hace inevitable que la hija del Rey tenga que declarar ante el juez. Es tan grande el tsunami sobre la opinión pública que ahora mismo el estigma para la infanta sería que la redesimputasen antes de ser escuchada. Estamos ante un problema de dimensiones incalculables. Si hace unas semanas era imposible que tuviera que declarar, ahora, con los acontecimientos acelerados al máximo después del escrito de 217 folios del juez, su paseíllo se ha convertido en condición sine qua non para reconducir las cosas causando el menor daño posible a la institución monárquica. Parece evidente que la salvación de Cristina sólo será posible cuando Castro termine la instrucción y eleve el sumario con la mirada puesta en la vista oral. Entonces podría entrar en funcionamiento lo que se conoce como doctrina Botín, es decir, que según el Supremo no basta una petición de acusación particular para sentar a alguien en el banquillo. Si Fiscalía no acusa, la infanta se salvará del banquillo. Será en este momento procesal cuando Cristina de Borbón será más salvable que nunca. Pero antes tendrá que presentarse ante el instructor Castro, que no quiere saber nada de pactos ni de componendas.
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